Los enfermos tendrán que aportar un número de cuenta para pagar aplicando los mismos baremos del copago. Los farmacéuticos ponen en manos de su asesoría jurídica el nuevo decreto del Consell, que entró en vigor ayer
Los medicamentos y productos farmacéuticos que se entreguen a los pacientes en los centros de salud o en las residencias de la tercera edad no serán gratuitos. Según el desarrollo del Decreto Ley 2/2013, que publicó ayer el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, la Conselleria de Sanidad ha establecido un mecanismo de pago para cobrar a los enfermos crónicos y polimedicados que en breve comenzarán a recibir en sus centros sanitarios tiras reactivas para el control de la glucemia, apósitos o vacunas para las alergias.
Estos enfermos tendrán que aportar un número de cuenta bancaria en el que se le cargarán las cantidades económicas que deba pagar. Sanidad marca un plazo inferior a un año para cobrar ese dinero. Qué cantidad de dinero es la que tiene que aportar cada paciente vendrá marcada por los baremos del copago, es decir un 10% del precio de los fármacos con un tope de 8, 18 o 60 euros según las rentas en el caso de los pensionistas y del 40%, 50% o el 60% en el caso de los trabajadores en activo.
Según el nuevo decreto ley, cuya aplicación calcula Sanidad le reportará un a horro de 300 millones anuales, «la Generalitat conveniará con las entidades bancarias el trámite de las cantidades anticipadas o adeudadas por los pacientes». Cada tres meses, Sanidad devolverá el dinero que se haya excedido del copago o se cobrará a los enfermos que adeuden el pago de sus medicamentos.
Mientras, el nuevo decreto de medidas para reducir el gasto farmacéutico sigue levantando ampollas entre el colectivo de los farmacéuticos, directamente afectados por las mismas. El Colegio de Farmacéuticos de Alicante ya ha puesto el texto en manos de sus abogados, según anunció ayer el presidente de la entidad, Jaime Carbonell. No es la primera vez que los boticarios recurren un programa de estas características. En el TSJ aún está pendiente la denuncia que el Colegio de Farmacéuticos interpuso cuando estaba al frente de la Conselleria Luis Rosado contra la intención de esta de distribuir medicamentos a través de los centros de salud. Una situación muy similar a la que ahora se plantea. Los boticarios alegan que sólo las farmacias están capacitadas para dispensar medicamentos.
Entre los puntos más polémicos del texto destaca la posibilidad de revisar el concierto que la Generalitat mantiene con las farmacias para la dispensación de los medicamentos y que a partir de ahora las negociaciones se puedan llevar a cabo a nivel individual y no con el conjunto del colectivo, como hasta el momento. «Esto es algo que no se hace en ninguna comunidad española», criticó ayer Carbonell.
El presidente de los boticaros cree que no es el mejor momento para abordar estos cambios. «Todavía nos deben el 40% del mes que nos tenían que haber pagado en febrero, además de dos meses de deuda». El presidente del Colegio de Farmacéuticos critica además que no se les haya tenido en cuenta para realizar estos cambios.
PINO ALBEROLA