Ayer, en una concentración simultánea en varias ciudades españolas, convocada, entre otras, por la Asociación SOS Bebés Robados o la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), los afectados por la causa de los “niños robados” reclamaron una investigación judicial exhaustiva y que no se desestimen a la ligera las denuncias presentadas por las familias cuyos bebés pudieron haber sido sustraídos tras su nacimiento.
La concentración en Valencia tuvo lugar a las 12 del mediodía ante las puertas de la Ciudad de la Justicia, donde los afectados, mostrando camisetas y pancartas con lemas como “Buscamos a mi hijo” o “Pedimos justicia”, pidieron una mayor implicación de los jueces y la imputación de los supuestos culpables, entre los que se encontrarían principalmente los médicos y el personal sanitario de los hospitales donde se habrían producido los secuestros dentro de una trama organizada.
La Comunidad Valenciana, una de las comunidades españolas más afectadas, cuenta con más de 200 casos denunciados, entre los que se encuentra el de Carmen Pérez, una vecina de Requena que en el año 1981 dio a luz a sus gemelos en el hospital de La Fe de Valencia.
Según la narración de Carmen, a los tres días del parto los médicos le comunicaron la muerte repentina de uno de los bebés, cuyo cadáver no le permitieron ver ni llevar a enterrar a su ciudad de residencia, quedando los restos “dentro de una cajita cerrada” en el hospital de La Fe de Valencia. Como tantas otras madres, Carmen sospecha que su hijo pudo ser uno de los bebés robados y exige la exhumación para poder verificarlo, a la vez que muestra la foto actual del hijo que sí pudo llevar a casa por si alguien pudiera reconocer en él al hermano gemelo supuestamente adoptado.
Susi Cabrerizo, la coordinadora nacional de Anadir, valora el trabajo de la fiscalía, que ha anunciado que se realizarán exhumaciones en todos los casos y ha asignado fiscales para realizar investigaciones en los hospitales, que es “donde se encuentra toda la información”.
Anadir hace un llamamiento a las familias de adopción para que “cuenten la verdad” a sus hijos, de modo que más casos puedan ser abiertos e investigados.