Los bolsos de Vuitton, los relojes de oro, los trajes de sastre fino, los viajecitos a las islas, los gastos nupciales como obsequio de boda, las noches en hotel de lujo para traductoras con ciertas habilidades, los coches de lujo, los sobres de contenido pesadamente verde y tanto otros, son los regalos que los cargos públicos del Partido Popular de la Comunitat Valenciana están acostumbrados a recibir, en vez de una palmadita en la espalda, cada vez que algún amigo generoso desea felicitarles por sus apropiadas gestiones, pero, ¿apropiadas para quién?
Regalos de este tipo, si no estos mismos, son los que aparecen en los sumarios de todos los casos de corrupción que salpican la Comunitat -dígase Gürtel, llámese Emarsa-, a modo de sobornos o pagos, y aunque las vinculaciones directas no siempre tengan a bien ser probadas judicialmente, sí lo son en muchos casos, lo que lleva a la ciudadanía a pensar que los dirigentes puedan estar vendiendo sus derechos a cambio de bagatelas de uso exclusivo o que, en el mejor de los casos, podrían hacerlo en un futuro.
Por tanto, ¿por qué no regular ya mediante una ley la recepción de estos regalos, de modo que jamás pudieran levantar suspicacias ciudadanas? La respuesta es sencilla: porque el PP, con su mayoría absoluta (y discutible), ha decidido votar en contra de la proposición de ley para regular el régimen de los obsequios y de los registros de obsequios y atenciones protocolarias a las autoridades, funcionarios y empleados públicos de las administraciones públicas valencianas, propuesta que ha sido presentada en Les Corts por la oposición, y debatida.
En los países del entorno de España han regulado estas situaciones y han limitado la recepción de regalos, como es el caso de Gran Bretaña, a un valor de 40 libras para sus ministros, o el de Italia, cuya limitación es de 300 euros. Sin embargo, el Consell considera que aquí ese asunto ya está “exhaustivamente regulado” y que, además, “los usos sociales y de cortesía son conceptos jurídicos indeterminados”. ¿Demasiado indeterminados tal vez?
Añade el Consell como objeción a la aprobación de la ley que implementar semejante control podría resultar caro; el resto nos preguntamos si no nos saldrá más caro el no hacerlo. Otras objeciones esgrimidas por el PP son que la proposición «excede a lo que tiene que regular la ley porque no puede descender al detalle del uso social de la recepción de regalos” y que el Gobierno Central ya está preparando una ley de transparencia en la que quedaría recogida una regulación para estos obsequios. A la espera estamos.
Mientras, la promesa electoral del PP de la Comunitat Valenciana ante las elecciones del 2011 de crear un registro digital de los regalos de los altos cargos de la administración pública, y su publicación en la web institucional, sigue sin cumplirse.
La pregunta que nos queda hacernos es la siguiente: ¿realmente hay voluntad de transparencia por parte del PP o, por el contrario, nos dejarán cantando “ay, Rita, Rita, a ti el Vuitton no te lo quitan”?