La reforma del Código Penal presentada tras el Consejo de Ministros este viernes conlleva también un cambio en la definición del atentado, la resistencia y la desobediencia.
Según informa el Ministerio de Justicia en una nota, la reforma «clarifica la definición del delito de atentado que incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente». Sin embargo, no se equiparará con la «resistencia meramente pasiva», que se mantendrá, «junto con la desobediencia» como hasta ahora, es decir, «penada con entre seis meses y un año de cárcel». Aún así, la falta de desobediencia desaparece y «se sancionará como infracción administrativa de la Ley de Seguridad Ciudadana».
La definición de «alteración del orden público» sí se modifica, incluyendo en ella «una referencia al sujeto plural y a la realización de actos de violencia sobre cosas y personas». La nota asegura que, «como ocurre actualmente, la pena se agrava cuando se porten armas, se exhiban simuladas o se realicen actos de violencia con peligro para la vida o integridad de las personas, así como actos de pillaje».
El Ministerio de Justicia asegura que «se castigará la difusión de mensajes que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público», pero no aclara cómo: «Es decir, no la simple convocatoria a movilizaciones, sino la incitación a cometer actos de violencia constitutivos de desórdenes graves en esas convocatorias».
El ministro Gallardón, preguntado por si esta reforma supone una reducción de derechos fundamentales de los ciudadanos, el titular de Justicia ha afirmado que «no es más represivo» y que sirve para garantizar «el ejercicio» de dichos derechos. «Los garantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y todo lo que sea protegerles es garantizar esos derechos», ha añadido.
Para el ministro, la modificación del Código Penal «no puede preocupar a nadie que no agreda a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
Fuente:www.huffingtonpost.es