Manuel Llombart Fuertes (1969), director general del Instituto Valenciano de Oncología (IVO) desde hace cinco años, será el próximo consejero de Sanidad. La elección de un gestor del sector privado para llevar el timón de la sanidad pública es un mensaje cargado de significado. Especialmente en una autonomía, como la valenciana, que se ha destacado en la apuesta por la privatización de la gestión sanitaria, y en un momento, como el actual, en el que la excusa de la crisis, está sirviendo de pretexto para repartir trozos del pastel de la sanidad pública a las operadoras privadas, como demuestran los últimos movimientos que se están produciendo en Madrid y Castilla-La Mancha.
Llombart —amigo del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra— es un economista metido a gestor sanitario de una fundación familiar. Pero no de una cualquiera, sino del IVO, una fundación privada de prestigio en el tratamiento del cáncer, que se nutre fundamentalmente de los pacientes concertados con la Generalitat. Al frente del IVO ha sucedido a su padre y a su abuelo aunque, al contrario de ellos, su formación es financiera, no sanitaria. El nuevo consejero también es profesor asociado de Contabilidad y Economía Financiera de la Universitat de València.
El sucesor de Luis Rosado deberá exprimir las habilidades derivadas de su doble perfil económico y sanitario para lidiar con dos de los principales problemas que se encontrará encima de la mesa cuando la próxima semana aterrice en su despacho.
Por un lado, tendrá que capear el temporal de la desastrosa situación financiera que atraviesa la consejería (derivada del estado de cuentas de la Generalitat). Llombart conoce de primera mano estas dificultades, hasta el punto de haber sido víctima directa de ellas. En abril del año pasado, el IVO denunció que la deuda de la Administración sanitaria valenciana con la fundación ascendía a 58 millones de euros. Esta cantidad respondía a tratamientos a miles de pacientes de la sanidad pública no abonados desde el año 2009. Solo en 2011, el IVO atendió a 39.279 pacientes.
Por otro, el futuro consejero deberá poner en marcha el nuevo modelo de gestión sanitaria pública, el principal proyecto de su antecesor en el cargo, Luis Rosado, que ha visto como iba perdiendo fuelle hasta convertirse en algo muy distinto a lo que aspiraba a ser.
Nació con la ambición de trocear en lotes y privatizar en bloque toda la gestión sanitaria no asistencial. Sin embargo, la falta de interés de las grandes operadoras sanitarias, que pretendían que también se privatizara la parcela asistencial, donde se encuentra la parte más atractiva del negocio, y las dudas legales que planteaba hicieron que se descafeinara el plan inicial. Al final, se sacarán a concurso lotes de logística, se renegociarán conciertos sanitarios —resonancias, hemodiálisis— y se agruparán los contratos de servicios generales. De un ahorro de 443 millones de euros al año se pasó a 175. Llombart llega en un momento delicado: con el proceso iniciado, los pliegos de los distintos concursos a medio hacer y la presión de cumplir con los plazos. Debería estar en marcha en marzo de 2013.
El fracaso de Rosado en sacar adelante este proyecto y la pérdida de confianza en él —fue puenteado repetidamente por la vicepresidencia del Consell— han supuesto su tumba política. “Es una buena persona pero poco resolutivo y eficaz”, comenta una persona que ha tenido trato con él.
En el sector sanitario son conocidas las tirantes relaciones entre Llombart y Rosado, así como con la número dos de Sanidad, Nela García. “El nuevo consejero tiene mucho más carácter que Rosado”, explican las mismas fuentes. Le hará falta para combatir en los distintos frentes que la consejería tiene abiertos.
Fuente: Elpaís