Los hechos se remontan a la madrugada del 28 al 29 de abril de 2012. Cinco internos de origen argelino denunciaron que esa noche, mientras permanecían en sus celdas, dos agentes de la Policía entraron a hacer un registro «con el pretexto» de que olía a humo porque estaban fumando.
Los agentes salieron de las celdas sin encontrar nada pero, sin embargo, a los pocos minutos, uno de los policías –según relataron los internos a integrantes de la Campaña por el Cierre de los CIE– regresó y arremetió contra ellos. Estos jóvenes indicaron que el agente les golpeó «repetidamente» con su porra, y les provocó lesiones en la cara, el cuello, el torso y los brazos.
Los chicos –tres de ellos afirmaron que eran menores de edad– habían llegado en una patera con diez personas más a las costas de Almería el 8 de abril. A instancia de las presuntas víctimas, el equipo médico y jurídico de la Campaña elaboró un informe sobre las lesiones y presentó una solicitud de ´habeas corpus´ en el juzgado por detención ilegal de menores y por haberse vulnerado el derecho a su integridad física.
A raíz de la denuncia, se les citó a declarar y se ordenó abrir una investigación para determinar responsabilidades penales. El 30 de abril, el titular del juzgado de Instrucción número 3 de Valencia les tomó declaración. En los interrogatorios, los jóvenes coincidieron en la descripción del supuesto agente agresor y en la narración de los hechos: «el policía entró en la celda y, sin que se produjera ningún tipo de provocación por parte de ellos, comenzó a pegarles», han recordado las mismas fuentes.
El juez consideró que las lesiones eran «de muy escasa entidad» y que se desconocía la causa de las mismas, por lo que acordó que no había lugar al ´habeas corpus´, es decir, a la puesta en libertad de los denunciantes, aunque la investigación judicial iniciada por la denuncia por malos tratos siguió su curso.
Al día siguiente de su comparecencia en el juzgado, los jóvenes explicaron a integrantes de la Campaña que, como represalia por la denuncia, les habían impedido beber agua en la comida, no les facilitaron jabón y les obligaron a permanecer encerrados durante muchas horas, sin facilitarles la medicación que paliara el dolor provocado por las lesiones.
PIDIERON SUSPENDER LA EXPULSIÓN
El equipo jurídico de la Campaña presentó un recurso de alzada ante la Subdelegación del Gobierno en Almería exigiendo que se suspendiera la expulsión de estas cinco personas, ya que si no permanecían en España no se podrían llevar a cabo las diligencias necesarias para la averiguación de los presuntos hechos criminales por los que se abrieron diligencias previas, «lo que ocasionaría la impunidad evidente de los hechos».
Sin embargo, los jóvenes fueron expulsados pocos días después de comparecer ante el juez y, ahora, el magistrado del juzgado de Instrucción número 4 de Valencia les ha citado para una nueva declaración el próximo día 19 de abril, algo que no podrá tener lugar si no se les localiza.
Desde hace tiempo, la Campaña viene denunciando que «casi de forma sistemática» se expulsa a las presuntas víctimas de malos tratos e, incluso, a los testigos, cuando se acude a la justicia para que se investiguen los hechos. De este modo, las actuaciones judiciales «acaban siendo archivadas por la imposibilidad de que se ratifiquen las denuncias, limitándose el derecho que cualquier persona tiene a la tutela judicial efectiva».
Ante estos hechos, el diputado de EUPV-Els Verds en el Congreso, Ricardo Sixto, ha solicitado al Ministerio de Exteriores que colabore en la localización de estos jóvenes inmigrantes para que puedan declarar ante el juez.
Para Ricardo Sixto resulta «intolerable» la expulsión sistemática de los internos que denuncian malos tratos y torturas policiales en los CIE. Ha declarado que este caso resulta «paradigmático»: «la justicia cita a declarar a unos jóvenes migrantes por las presuntas agresiones policiales que han sufrido en el CIE de Valencia y resulta que el propio Estado español los ha expulsado», ha incidido.
Fuente: Diario Progresista
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