«El sistema de becas debería tender a que las personas que carezcan de medios económicos puedan estudiar igual que el resto sin exigirles una infalibilidad que no se exige a los demás», señala un dictamen del organismo
El Consejo de Estado echa en falta un estudio profundo del Ministerio de Educación sobre las consecuencias para la igualdad de oportunidades y la mejora del rendimiento del alumnado que tendrán unos requisitos académicos más exigentes en la obtención y renovación de becas generales.
«En todo caso, el sistema de becas y ayudas debería tender a que las personas que carezcan de medios económicos para poder estudiar lo hagan de igual modo, o del más parecido posible, al resto de los estudiantes, sin exigirles una infalibilidad que no se exige del mismo modo a ese resto de estudiantes».
Lo dice el Consejo en el dictamen preceptivo que emitió en su momento sobre el Proyecto de condiciones económicas y académicas de becas y ayudas al estudio del curso 2013-2014, antes de que el Consejo de Ministros aprobara la norma, el pasado 2 de agosto.
Al mismo tiempo, matizaba el Consejo, tampoco debería servir el sistema para desincentivar a los propios alumnos que, sabedores de que recibirán la ayuda, olviden que el éxito en los estudios debe intentarse siempre. Además de asegurar la igualdad de oportunidades de quienes tienen vocación y aptitudes y carecen de medios económicos, insiste el Consejo, las becas deben ser un instrumento de «estímulo» de la mejora del rendimiento, especialmente en los niveles educativos superiores.
Ni la Constitución ni las leyes sobre educación, aclara, establecen criterios precisos sobre el peso que debe darse a cada uno de los objetivos, ni señalan el modo en el que se tratarán de conseguir los mismos. Así, el Consejo, en principio, no apreció que el proyecto fuera contrario al ordenamiento jurídico, aunque matizaba que no podía evaluarlo con conocimiento de causa suficiente a falta de un estudio «detenido» de sus repercusiones.
El Consejo ve «significativo» que Educación no haya estudiado el «impacto social» que tendrá la nueva regulación
Según el Consejo es «significativo» que la memoria del análisis de impacto normativo que acompañaba al proyecto no indicara cuál es el efecto social que «previsiblemente» tendrá la nueva norma.
No se apunta siquiera, advertía, cuántos ni qué tipo de alumnos pasarán a obtener becas o las perderán, ni los efectos de todo ello, lo que «puede ser trascendente y no necesariamente justo». «Tanto más -según el Consejo- cuanto se cambian y endurecen los requisitos académicos, pese a lo que se dice en la memoria, se aumentan los umbrales económicos 2 y 3 (se suprimen los umbrales 4 y 5), e incluso el importe económico previsto, según el borrador de la memoria, para becas en el curso 2013-2014 es del orden de 200 millones de euros menos que lo previsto para el curso 2012-2013».
Para el curso próximo será necesaria una nota mínima de 5,5 en las Pruebas de Acceso a la Universidad -excluida la fase específica- para quedar exento del pago de matrícula en primer año de universidad (como en el anterior) y un 6,5 para las becas por residencia y renta (un punto más que el pasado), siempre que se cumplan las condiciones económicas. En primero de Bachillerato y de FP superior, los alumnos requerirán una media de 5,5 en los estudios previos, cuando antes bastaba con matricularse.