En concreto, los afectados son alumnos de planes de estudios en extinción, es decir, los previos a los nuevos grados adaptados a Bolonia. Los créditos de esas carreras antiguas se pagaban hasta ahora muy por debajo de los de las nuevas, ya que no tienen docencia (se pagaba el 25% del valor del crédito). Son materias sin clase, como sucede con los créditos del proyecto de fin de carrera (PFC).
El caso de un alumno de Ingeniería Técnica de Obras Públicas resume el problema: «Con los precios del año pasado el PFC salía por 22,57 euros; en mi caso, ha pasado a costar 425,92 euros». Esta vez hay una penalización, porque este alumno lleva tres años matriculándose de dicha asignatura: «Venía costando tan poco que merecía la pena sólo por mantener la condición de alumno, y no generaba ningún gasto a la universidad puesto que no había docencia».
Aun así, los estudiantes a los que no se les ha aplicado una penalización pueden tener que abonar entre 150 y 200 euros, como han relatado a este diario. Y ello porque, según lamentaron, «Rectorado ha decidido unilateralmente cambiar el PFC del plan en extinción de ‘sin docencia’ a ‘con docencia’». En la práctica, esto significa que el proyecto de fin de carrera pasa a cobrarse como una asignatura más.
Desde el Servicio de Alumnado se ha dicho a los alumnos que «el coste se ha calculado aplicando el gravamen ordinario previsto en el decreto que fija las tasas universitarias para el curso 2013-2014». La Politècnica entiende que «los servicios ofrecidos al estudiante no han variado por el hecho de que el curso al que está adscrito el proyecto se encuentre en extinción», por lo que ahora no se considera una materia sin docencia.
El enfado de los estudiantes es mayúsculo, pues defienden que no se trata de un simple error. Los recibos ya están emitidos y la matrícula, cerrada, con lo que ya no puede modificarse. Así que la única alternativa que ofrece de momento la Politècnica a estos estudiantes es anularla toda. «O sea, que si no estoy de acuerdo no podría acabar la carrera», según uno de los afectados.
De momento, los alumnos han pedido ayuda al asesor jurídico de la Casa del Alumno, que les ha aconsejado devolver los recibos sin pagar y justificarlo porque no son por el importe especificado en la matrícula.