La empresa pública de la Generalitat valenciana Aeroport de Castelló S. L. (Aerocas) se basó en unas previsiones de tráfico aéreo hinchadas artificialmente para adjudicar los contratos millonarios del aeródromo fantasma, en el que todavía no ha aterrizado un solo vuelo comercial, pese a que fue inaugurado a bombo y platillo por Francisco Camps, el anterior president. Alberto Fabra calculaba que este año se rebasaría el millón de pasajeros, y en 2014 se rozarían los 1,2 millones.
Esas proyecciones de tráfico «fantasiosas», hasta ahora desconocidas, están incluidas en los pliegos de condiciones del contrato de prestación de los servicios de tránsito aéreo en la torre de control del aeropuerto, según ha denunciado la diputada de IU en las Cortes Valencianas Marina Albiol. El contrato fue adjudicado por 3,6 millones de euros a Ildefonso de Miguel, un empresario muy cercano al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
IU se pregunta ahora cómo se pudieron adjudicar contratos millonarios basándose en unas previsiones de tráfico aéreo falsas, lo que, a su juicio, demuestra «la temeridad y el absurdo que ha supuesto todo el proceso de construcción» del aeropuerto. Albiol ha presentado esta misma mañana una batería de preguntas en las Cortes en las que exige a la Generalitat que aclare los «métodos de cálculo» empleados para elaborar las proyecciones de tráfico aéreo.
Según esas previsiones, el aeródromo castellonense superaría los 1,3 millones de pasajeros en 2017, y alcanzaría los 1,4 millones en el año 2012. Para entonces, más del 60% de los vuelos serían domésticos, y el resto se lo repartirían compañías low cost y compañías charter. Incluso se da por hecho qué compañías volarían desde allí: Air Nostrum, Ryanair, Blue Air, Wizz Air y Thomas Cook.
25 millones más
Precisamente la semana pasada, dos días después de anunciar el cierre de Canal Nou, la Generalitat sacó a concurso la gestión y explotación del aeropuerto fantasma, en el que el Ejecutivo de Fabra invertirá otros 25 millones de euros. El president había justificado su decisión de clausurar la televisión autonómica con el argumento de que no podía pagar los 40 millones que costaría la readmisión de los trabajadores despedidos y, al mismo tiempo, «garantizar la educación y los servicios sociales».
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado jueves el anuncio de licitación de Aerocas para la explotación y mantenimiento del aeródromo por un importe de 25 millones de euros. La Generalitat deberá desembolsar esa cantidad en 10 años por una concesión que durará dos décadas. Pese a que las polémicas instalaciones ya le han costado al erario autonómico casi 140 millones de euros, Fabra no prevé recuperar un céntimo de la inversión, más allá de los efectos sobre el turismo que pueda generar el inicio de operaciones.
Fuente: El Confidencial