El 27 de marzo, en en un encuentro organizado por la consellería de Turismo, representantes de Estados Unidos y de la Comisión Europea trataron de convencer a un grupo de empresarios valencianos de las bonanzas del TTIP, principalmente pertenecientes al sector azulejero, automovilístico y al calzado de la ciudad de Elche.
Laura Manjavacas, integrante de Podemos y que se presenta como número 24 de la lista de Pablo Iglesias en las primarias del partido para las elecciones autonómicas, acudió a la reunión y ha liberado la información del encuentro.
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PV: Según parece, la prensa no se ha hecho eco de está reunión, ¿crees que hubo la publicidad necesaria de este encuentro?
Laura Manjavacas: No, claro que no fue una convocatoria abierta, al menos a lo que a la sociedad civil se refiere. Tenías que registrarte como empresa, con tu CIF, si no, no podías acceder a la inscripción a la jornada.
PV: ¿Qué crees que pretendían los representantes de Estados Unidos y de la Unión Europea con esta reunión?
Laura Manjavacas: Están haciendo una campaña de marketing, favoreciendo el clientelismo político, de cara a los próximos comicios, y en cada comunidad autónoma tratarán de argumentar en favor de los sectores que ya están establecidos y generan riqueza para ganarse su dinero y apoyo al tratado. Pero todos los sectores del País Valenciano están en peligro, no podrán soportar la competencia directa con USA. Brillaba por su ausencia que no había ningún representante del sector agrario, la sectorial de agricultura debería convocar una reunión de urgencia, por el agravio comparativo, y dada la importancia que el sector tiene en el tratado, no puede perder ese tren de primeros contactos.
PV: En tu opinión, ¿qué implicaciones va a tener el TTIP en el País Valenciano?
Laura Manjavacas: Es todo una ingeniería de los lobbies de los grandes bufetes de abogados multinacionales para desmantelar la soberanía de los estados. Cada estado tiene unas leyes de protección laboral, social, mediombiental, de educación, sanidad y financiera que podrán ser pisoteadas por las empresas del TTIP. Se trata de proteger los oligopolios finacieros de la sociedad, de los estados y de la democracia, poniendo por encima sus intereses económicos a las leyes que democráticamente (o no) los estados se han auto-impuesto. El TTIP quiere imponer un modelo de sanidad privada, de educación privada, de explotación agraria basada en el latifundio con pesticidas, o una empresa de semillas modificadas genéticamente. Actualmente, en estos asuntos existe una protección jurídica, de manera que, para poder implantar el tratado, se han de desregularizar las normas de protección, dándoles manga ancha a las empresas beneficiadas por el TTIP. Cualquier desencuentro entre el Estado y las multinacionales ya no será resuelto en los tribunales ordinarios, sino que se crearán tribunales externos de arbitraje. A los municipios, comunidades o al Estado les tocará pagar unos pleitos e indemnizaciones inasumibles para los mismos si deciden enfrentarse a las multinacionales, aumentando más si cabe el déficit del país. Y quieren propiciar el fracking con todo el peligro que esto conlleva contra nuestro ya maltrecho litoral, y contra todo el territorio, por arriba del suelo fértil y por debajo, los acuíferos, el malgasto de agua dulce, el abandono de las tierras de cultivo, el despoblamiento rural, la pérdida de soberanía alimentaria y el olvido de la identidad como pueblo.
PV: ¿Cuál es tu postura en esta materia?
Laura Manjavacas: Para mí el modelo está acabado, tanto en el País Valenciano como en toda Europa, no podemos seguir creciendo en base al consumo del petróleo y las exportaciones, se ha de reconvertir poco a poco la tendencia el consumo sostenible, y eso pasa por 3 exigencias básicas, consumir productos no plásticos, consumir el máximo de productos locales y evitar lo máximo posible los productos que consuman energía fósil.
PV: ¿Como se están comportando las instituciones del País Valenciano respecto a este acuerdo?
Laura Manjavacas: Todo tipo de facilidades, no saben ni lo que es, ellos solo escuchan exportación y ya se les iluminan los ojos. No valoran cuál va a ser la moneda de cambio que tendremos que pagar, cuál va a ser nuestro perjuicio después de la firma. No nos olvidemos de que el principal motor económico de nuestro pueblo es el Turismo, y no precisamente empresarial, sino de calidad de vida, sol, playa, montaña, ríos, pueblos habitados, y ahí la agricultura juega el papel más importante, no solo como base alimentaria, sino para la conservación de paisaje y la riqueza en biodiversidad.
Ya sabemos quiénes son los propagandistas del TTIP
Ignacio García Becero, por parte de la Comisión Europea, y Krishna R. Urs, como Ministro Consejero de la Embajada de Estados Unidos, son dos de los negociadores en la Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), que pretende convertir el capital transnacional a un estatus equiparable al del Estado-nación y amenaza con minar los principios más básicos de la democracia tanto en la UE como en los EE.UU. Acordémonos en el futuro del ISDS, o lo que es lo mismo, la llamada Solución de Diferencias entre Estado e Inversor, con el que las empresas transnacionales intentan abrir y desregular mercados a los dos lados del Átlantico. Casi sería mejor llamarlo Acuerdo empresarial contra EE.UU y la UE.
Para proteger esa regulación, los movimientos sociales ya están luchando por que se blinden nuestras normativas más preciadas en materias de derechos sociales y medio ambiente, como los derechos laborales, las normas de seguridad alimentaria, incluidas las restricciones a los organismos Modificados Genéticamente (OGM), las regulaciones sobre el uso de substancias químicas tóxicas, las leyes de protección de la privacidad en internet e incluso las nuevas garantías en el ámbito bancario introducidas para prevenir otra crisis financiera.
Así que ya sabemos qué nombres y apellidos llevan a cabo esta negociación y será a ellos a los que habrá que pedir responsabilidades, en el caso de que se llegue a aprobar está peligrosa asociación, sobre los costes que supondrá a las arcas del Estado indemnizar a las empresas inversoras que, amparadas por la Regulación de Cooperación, no puedan realizar la inversión porque la regulación vigente así se lo prohíbe, justamente para proteger nuestra dignidad.
El caballo de Troya es el símbolo del rechazo social al TTIP.
