En la denuncia a Barberá, presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, se cita como símbolos franquistas mantenidos el Monumento a los Caídos en la en la plaza de la Porta de la Mar; un escudo anticonstitucional en la fachada de un centro Juvenil, de la Calle Pablo Meléndez; otros en el CEIP Padre Mansón y el Teodoro Llorente o en la fachada de la Comandancia de la Guardia Civil de Patraix y en la de Benimaclet.
En el escrito al cardenal Cañizares, ante los juzgados de instrucción de Valencia, ponen como ejemplo que el retablo del Altar Mayor de la Iglesia de la Santa Cruz de Valencia existe una pintura idéntica al General Francisco Franco; en la parroquia de San Valero se observa Placa cuya leyenda finaliza con la expresión «año de la Victoria 1939» o que en la Iglesia de la Punta existe una hornacina en la fachada dedicada a ‘José Antonio’, fundador de Falange Española, y otros «caídos», entre otros símbolos.
En total, una quincena de obispados y arzobispados de toda España han sido denunciados este martes ante los juzgados de instrucción por 
consentir el mantenimiento de símbolos de la Guerra Civil y la dictadura franquista en contra de lo estipulado por la Ley de Memoria Histórica y mantener en sus basílicas los restos de Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera o el general Queipo de Llano pese a que el derecho canónico solo permite enterrar en sus territorios cadáveres de pontífices, cardenales u obispos.
El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, ha asegurado ante estas denuncias que la Iglesia se mueve en clave de «reconciliación y memoria positiva». «La iglesia vive de una memoria agradecida a Jesucristo, una memoria para reconciliar, y cumplirá exquisitamente la legalidad. Está en esas claves de reconciliación, de memoria positiva», ha explicado.
En todo caso, ha aclarado que la Conferencia Episcopal Española no tiene competencias sobre las diócesis hasta ese punto y que por tanto es «responsabilidad» de cada una de ellas.
El abogado especializado en Derechos Humanos Eduardo Ranz ha presentado los escritos de denuncia ante los tribunales, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Segunda República, por un posible delito contra la independencia del Estado del artículo 589 del Código Penal, al entender que los obispos dependen de las instrucciones de la ciudad del Vaticano, la cual está constituida como un Estado Independiente y no cumplen con la legislación española.
Los escritos de alegaciones canónicas se han presentado ante los obispados y arzobispados de Madrid, Córdoba, Segovia, Cuenca, Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres, Badajoz, Almería, Cartagena, Valencia, Orihuela-Alicante, Sevilla, Sigüenza-Guadalajara, Zaragoza y Oviedo.