El presidente valenciano afirma que el PP convirtió la visita de Benedicto XVI «en un acontecimiento de corrupción más», que costó a las arcas públicas más de 22 millones de euros
El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha desvelado este jueves que el presupuesto de la Fundación V Encuentro de las Familias para construir el altar de la visita del papa a Valencia en 2006 costó 1,5 millones de euros, mientras que facturó 1,7 millones en alojamientos hoteleros.
Puig ha ofrecido estos datos en la sesión de control de Les Corts en respuesta a una pregunta de Compromís y también ha anunciado una regulación sobre las fundaciones públicas de la Generalitat, que será «de punto final del despilfarro de los recursos públicos de los valencianos» y aplicará transparencia y control en este sector.
El president ha afirmado que el PP convirtió la visita del papa «en un acontecimiento de corrupción más», que costó a las arcas públicas más de 22 millones de euros y que según el informe de la Intervención de 2010 sobre esa fundación hubo una «ausencia general» del cumplimiento de la legalidad y control en las contrataciones.
Ximo Puig ha afirmado que los «tiempos de vino y rosas» de las fundaciones han acabado «en una enorme resaca», y ha considerado que el «paradigma» es la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, con datos «sorprendentes» como el coste de construir el altar o lo pagado por alojamientos hoteleros.
Además, ha asegurado que había «un dopaje institucional» a través de las fundaciones, como en la de Agua y Progreso, creada en 2004 para «abrir la guerra del agua contra el Gobierno de Zapatero», que se dejó «en el camino» 7,2 millones de euros y que también pagó a la trama Gürtel.
El president ha explicado que en estos momentos hay once fundaciones públicas activas y cuatro en proceso de liquidación, que tienen contratadas a 1.200 personas (dos terceras partes en fundaciones sanitarias), y ha afirmado que hay que dar «un giro de 180 grados» en la gestión «negativa» que han tenido.
Por ello, ha anunciado que la nueva ley del sector público instrumental de la Generalitat «blindará» la equiparación de las fundaciones a los mecanismos de control y tutela financiera del resto de entidades del sector público.
Así, ha adelantado que la creación de una fundación pública exigirá un plan de actuación que incluya un estudio económico financiero, y se creará una comisión de diálogo social que hará una propuesta de negociación colectiva, porque «se han acabado chiringuitos donde cada uno se pone el sueldo que quiere».