El fiscal que investiga el caso Taula observa una «dinámica delictiva» en el grupo municipal del PP del Ayuntamiento de València a través de la cual se revela «un firme propósito de actuar al margen de la legalidad» para financiar ilegalmente al partido durante la campaña electoral de 2007 de Rita Barberá a la alcaldía de cap i casal.
De este modo, el ministerio público observa indicios de dopaje económico del PP de la ciudad de València, cuyos concejales y asesores están imputados en la causa que investiga la presunta financiación ilegal de la formación. El sumario de la pieza que instruye el conocido como Ritagate, cuyo secreto se ha levantado hoy, apunta a que empresas con contratos con el consistorio valenciano aportaron dinero a Laterne, la empresa que supuestamente recaudaba los donativos para sufragar la campaña electoral de 2007. Una campaña que gracias a esta aportación de fondos habría tenido un coste 20 veces superior a lo que decía el contrato que el grupo Municipal firmó con la empresa de Sáez Tormo (150.000 euros). Alguna de las facturas de los gastos de campaña aparecen modificadas a petición de Laterne para ocultar que se estaban pagando gastos electorales, según reveló el diario Valencia Plaza.
Entre las empresas citadas como ‘donantes’ se encuentran Secopsa, Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), Rulv Valencia (UTE de Secopsa), el Grupo Rover Alcisa, Urbana Ducat, Nou Litoral, PKL Real State, Pavasal, Luján, Lubasa, Edival, FCC y Ágora Patrimonial.
Según el fiscal, «resulta evidente que existe no solo una conexión, sino una manifiesta continuidad en una dinámica delictiva canalizada a través del grupo municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de València, y que lejos de ser accidentes aislados rebelan un firme propósito de actuar al margen de la legalidad utilizando diferentes artificios para burlar la ley electoral en un aspecto tan importante como es el económico, dado que impide la necesaria igualdad y lealtad en los procesos electorales de todos los partidos que confluyen».
El sumario recoge además la declaración de Jesús Gordillo, exasesor de Alfonso Grau que asegura ante los agentes de la Guardia Civil que el concejal pagó 350.000 euros de la campaña de Rita Barberá en 2007 en billetes de 500 euros. Gordillo es el testigo que dio la voz de alarma sobre la presuna financiación ilegal del Partido Popular con anterioridad a las elecciones de 2011.
«Alfonso me entregó 350.000 euros en billetes de 500 e hizo que fuera a cobrar un cheque de 150.000 euros», explica el exasesor de Grau a los agentes de la UCO. En este sentido, el testigo, que declaró por voluntad propia ante la Guardia Civil, indica que el cuñado de Barberá, José María Corbín, era el abogado del grupo Laterne, y que asesoraba a la sociedad Product Management Council SL (PMC), mientras se pagaban las campañas de Barberá con billetes de 500 euros. Corbín, quien ahora ejerce de abogado de Mari Carmen García-Fuster, facturaba «por ello 3.000 euros al mes», según Gordillo.
Fuente: Levante