Un diario vinculado a tres presuntas tramas delictivas que afectan al Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) en el que los investigados anotaron cómo tramitaban los pelotazos urbanísticos que se investigan.
Avialsa, la empresa de Sagunto que a juicio policial dirigía la presunta organización criminal del cártel del fuego, guarda en su servidor documentos que le entregó un asesor de Rafael Blasco, el ex conseller que cumple seis años de cárcel por malversar las ayudas de las ONG, sobre las gestiones realizadas para impulsar un área residencial en el municipio de Alfara.
Según apunta la documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO, en las negociaciones también colaboradores de la organización criminal vinculada al ex presidente del PP de Valencia Alfonso Rus, pues las anotaciones recogen cómo Eduardo Balaguer, secretario del Ayuntamiento de Xàtiva con Rus de alcalde, asesoró a Avialsa en la tramitación de este programa urbanístico.
Eduardo Balaguer es hermano de Guillermo Balaguer, un abogado de Valencia con quien Marcos Benavent, el recaudador del PP que colabora con la Guardia Civil en las diligencias derivadas de la Operación Taula, negoció una comisión de hasta 60 millones de pesetas -360.000 euros- por una operación de compra-venta de una residencia de ancianos en el municipio valenciano de Anna. Benavent grabó esta negociación y en la cinta, que ha sido ratificada en el juzgado, se escucha cómo hablan de «comisiones, porcentajes, pasta (…) un 3%, 60-50 kilos dividido entre tres».
Según esta documentación, mientras el secretario del Ayuntamiento de Xàtiva ejercía sus funciones de control en el Gobierno local de Rus, asesoró al cártel del fuego para retorcer la ley y garantizar sus intereses. Los investigados trasladaron a altos cargos de la Generalitat la «fórmula de Eduardo Balaguer (secretario del Ayuntamiento de Játiva y experto en urbanismo) que justifica las actuaciones del Ayuntamiento, y de cómo se hacer sin PAI».
Las negociaciones coincidieron con la última etapa de Blasco al frente de la Conselleria de Ordenación del Territorio y la comisión de 360.000 euros por la residencia de ancianos de Anna. Balaguer declara este miércoles junto a Rus en la comisión de investigación de las Cortes sobre el proceso de adjudicación de plazas de residencia al grupo Savia.
La tramitación de esta zona residencial de Alfara, impulsada por el grupo Avialsa, se instruye dentro de la pieza principal del cártel del fuego. La Policía investiga el pago de comisiones a diversos políticos locales del PP a cambio de a cambio de impulsar este proyecto.
El servidor
Avialsa almacenó toda esta información en su servidor informático tras copiar el disco duro del ordenador de Jesús Garrido, asesor del ex consejero Rafael Blasco y uno de los detenidos en las redadas que la Policía ha desarrollado en los últimos años en Valencia para desmantelar a esta organización que hizo negocio con el fuego.
Según esta documentación, Vicente Huerta, propietario de Avialsa, abrió una carpeta en su servidor llamada «mutante» para copiar los datos que le facilitó Garrido, pues el asesor de Blasco padece una discapacidad y se referían a él así. La carpeta «mutante» tiene un tamaño aproximado de 2 GB y contiene hasta 5.994 archivos, entre ellos uno denominado «anterior Sep 2007CONSELLERDOCUMENTOSAlfaraEXPEDIENTE VPO1.doc».
El documento -reproducido junto a este texto- recoge un completo detalle de hitos del proyecto Residencial Alfara. El diario describe los obstáculos que los investigados tenían que sortear para ejecutarlo tal y como tenían previsto y relata la intervención de dos ex altos cargos de la Administración valenciana: Álvaro Aleixandre, jefe del Servicio Territorial de Planificación y Ordenación Territorial; y Pedro Grimalt, director General de Planificación y Ordenación Territorial.
Al final se anota la recomendación que habría realizado el secretario del Ayuntamiento de Xàtiva a estas tramas: «Queremos que se apruebe el plan especial de reserva de suelo y poder ejecutar cuanto antes las VPO. No se trata de un PAI sino de un plan especial, si se pudiera hacer con convenio urbanístico con el ayuntamiento o cualquier otra forma de actuación más rápida que un PAI… o en su defecto por un PAI. Pero que contesten que sí, ya».
Entre las comisiones que recibían los investigados a cambio de estos amaños urbanísticos, muy cercanos al ex conseller Serafín Castellano, detenido y puesto en libertad con cargos por estos hechos, y al propio Blasco, destacan entregas de dinero y de apartamentos por un precio muy inferior al real.
La relación entre el propietario de Avialsa y el PPCV era muy fluida, hasta tal punto que el partido pidió al grupo Avialsa ordenadores para instalarlos en la antigua sede central del PPCV, en la calle Quart de Valencia, cuando se inauguró. La carpeta «mutante» almacena varios correos electrónicos en los que colaboradores de Vicente Huerta le trasladan la petición: «Cuando comí con Jesús Garrido me comentó que si le podía donar algún PC para el partido y tengo alguno que hemos reciclado de clientes que le podrían servir. Coméntaselo por si hablas con él».
Estas pruebas están almacenadas en el servidor original del grupo Avialsa que los investigados escamotean al juez. El grupo empresarial de Vicente Huerta cambió de sede poco antes de que la Policía desarrollara por orden del juzgado, en mayo de 2015, y el servidor se esfumó. El antiguo gerente de Avialsa podría entregarlo en las próximas semanas.
Fuente: ElMundo