La representación sindical de Instituciones Penitenciarias considera que “la opción personal de Urdangarin de ingresar en la prisión de Brieva no debería, de conformidad a la legalidad vigente, ser un determinante para Instituciones Penitenciarias a la hora de establecer el centro donde cumplir su condena”.
Es necesario recordar que la prisión de Brieva es una prisión de mujeres y que no existe operativo ningún departamento de hombres, por lo que si se habilita un módulo cerrado para un único interno, se trataría de un evidente trato de favor, no justificado por circunstancia penitenciaria alguna.
“El que un interno pueda modificar la organización y los servicios existentes en Instituciones Penitenciarias, es una anomalía de carácter democrático que desde Comisiones Obreras rechazamos, porque mientras se incumple la Ley Orgánica General Penitenciaria al no disponer de una celda por interno, como sucede en la inmensa mayoría de las situaciones, parece que se está pretendiendo, bajo confusos planteamientos de seguridad, habilitar todo un módulo para un solo recluso”.
Plantear, por una parte, que en el resto de las prisiones dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no se puede garantizar la seguridad es reconocer que el sistema penitenciario actual está colapsado. Y por la otra, que el resto de los miles de reclusos viven en condiciones donde su seguridad no está garantizada.
Es conocido por la opinión pública la mayoría de los sindicatos de prisiones vienen desarrollando una serie de movilizaciones y reivindicaciones en defensa del servicio público de prisiones y de la dignificación profesional de su personal. Pero en modo alguno existe una crisis que permita hablar de inseguridad objetiva y personal que no se pueda solventar con la profesionalidad del personal de Prisiones.
“Lo que no es ni sindical ni moralmente aceptable es que, con unas plantillas que tienen más de 3.400 efectivos sin cubrir, a pesar de estar presupuestadas, con unos déficits que disparan las agresiones al personal penitenciario, entre otras carencias, se malgasten recursos asignando efectivos para el desarrollo de la actividad penitenciaria para un módulo con un solo recluso”.
Desde Comisiones Obreras confían que esta situación sea reconducida por quien tiene la potestad de asignar los centros de cumplimiento, que no es otra que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, recuperando con ello el mismo trato entre todas las personas recluidas en los centros penitenciarios.