Trabajadoras en la producción de calzado han denunciado este martes en el Congreso las condiciones de «esclavitud» e insalubridad en las que se encuentran y han reclamado al Gobierno y al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que actúe para acabar con esta situación.
Así lo han denunciado las representantes de la Asociación de Aparadoras –aquellas personas encargadas de coser las piezas de las que se compone el calzado–, radicadas fundamentalmente en la Comunitat Valenciana, que han sido recibidas en la Cámara Baja por el Congreso.
Con el fin de celebrar un debate sobre esta cuestión, el grupo confederal ha registrado en el Congreso una proposición no de ley, en la que además pide más medios y personal en la Inspección de Trabajopara reconocer los derechos laborales, salariales y en materia de salud laboral de este colectivo.
Asimismo, también demandan un foro con la Generalitat Valenciana, entidades locales, sindicatos y patronal para buscar soluciones respecto a la economía sumergida en este sector, tanto en materia fiscal como laboral, proponer una certificación de ‘calidad laboral’ en la industria valenciana del calzado y realizar un informe con los riesgos psicosociales y de salud laboral en este trabajo.
En su iniciativa recalcan que la Comunitat Valenciana concentra el 65% de la industria manufacturera del calzado en España, con más de 8.900 empleos y 862 empresas. Particularmente, es en las localidades alicantinas de Elche y Elda donde se concentra el 66% de la mano de obra en este sector en la comunidad.
«Tenemos un Bangladesh en el Mediterráneo», dice Podemos
«Elche se va a declarar la ciudad del calzado. Yo la llamaría la ciudad de las esclavas, porque las condiciones que tenemos no son una de una sociedad del siglo XXI ni de un país que pertenece a Europa», ha criticado Isabel Matute, de la Asociación de Aparadoras.
Matute ha denunciado que esta situación de precariedad se da tanto entre las que deben trabajar en domicilios como en talleres, en los que se dan condiciones insalubres». «No tienen luz, trabajan con cucarachas, con contratos de dos, cuatro horas», ha dicho, recalcando que, en otras ocasiones, se trabaja más de diez horas al día, muchas veces sin contrato.
Junto a ellas, el portavoz laboral de Unidos Podemos, Alberto Rodríguez, ha instado al Ministerio de Trabajo «a coger el toro por los cuernos» y a poner «más medios y recursos» para combatir «un fraude de ley de proporciones gigantescas».
«Tenemos un Bangladesh en el Mediterráneo, una huida del derecho del trabajo que es intolerable», ha espetado, criticando que muchas de estas trabajadoras lo hagan «sin ningún tipo de protección, cobrando entre uno y dos euros la hora».
Fuente Lainformación