Un conjunto de medidas ultraneoliberales, xenófobas y españolistas en favor de los intereses del capital.
Se podría resumir así: un conjunto de medidas ultraneoliberales, xenófobas y españolistas en favor de los intereses de clase del capital, una versión más radical del programa económico y social burgués que, con distintas variantes e intensidad, llevan a cabo los distintos gobiernos actuales (en impuestos, pensiones, recentralización, políticas xenófobas…).
Así es el programa económico de Vox: rebaja “radical” de impuestos, recentralización y privatizar pensiones
Las 100 medidas para la España Viva que configuran el programa electoral de Vox incluyen un gran número de propuestas económicas que abordan, entre otros aspectos, una rebaja masiva de impuestos que difícilmente podría llevarse a cabo o una reforma de las pensiones hacia un modelo mixto que incluiría una parte de gestión privada. Asimismo, la formación de Santiago Abascal propone recentralizar el Estado, reducir el gasto político con actuaciones similares a las que el Gobierno del PP ya barajó durante la crisis y restringir la inmigración, medida que va en contra de las recomendaciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Rebaja de impuestos
Vox propone una rebaja «radical del Impuesto sobre la Renta» con un «aumento significativo del mínimo personal y familiar exento a 12.000 euros» y de un «tipo único fijo del 20% hasta los 60.000 euros anuales, tributando al 30% cualquier exceso sobre el mencionado límite». Además, considera necesario reducir «el tipo general del Impuesto sobre Sociedades al 20% con una reducción del 5% en el caso que los beneficios no se distribuyan», una «reducción del IVA al 4% para la compra de productos y fármacos infantiles» y medidas fiscales de apoyo a los autónomos como una cuota de cero euros si los ingresos no llegan al SMI. Todas estas medidas tendrían, evidentemente, un gran impacto en el bolsillo del contribuyente pero, al mismo tiempo, provocarían un hundimiento de la recaudación tributaria quepodría poner en juego el mantenimiento del Estado de bienestar.
Sistema de pensiones
La formación populista es partidaria de un nuevo modelo de pensiones «mixto de capitalización y reparto». Este es un sistema que ya existe en numerosos países de la OCDE, y que combina una parte de gestión pública con otra privada que podría llegar, por ejemplo, a través de planes de pensiones. Según Vox, su propuesta asegura la solidaridad, ya que se garantiza que la pensión mínima se revalorice con el coste de la vida, y la propiedad, al asegurar «el derecho de los ciudadanos a disponer de ahorros propios que complementen las pensiones mínimas».
Inmigración
Una de las propuestas más conocidas de Vox es la restricción y el control sobre la inmigración. Esto, más allá de las ideologías y sensibilidades, tiene un impacto claro: a menor inmigración, menos mano de obra y caída de las cotizaciones a la Seguridad Social. En este sentido, el FMI ha advertido en más de una ocasión que el sistema de la Seguridad Social necesitará la llegada de más de cinco millones de inmigrantes hasta 2050 para garantizar su supervivencia.
Recentralización del Estado
El partido ultraderechista quiere «transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división». En otras palabras, acabar con el Estado autonómico. La medida es totalmente novedosa ya que ninguna otra formación la había propuesto, o al menos no de una manera tan extrema, y sus posibles efectos económicos no están muy claros, pero parte de la literatura económica sí defiende que cuanto más centralizado es un Estado menos eficiente es su gasto.
Gasto político
Abascal y su equipo abogan por eliminar «cargos y organismos duplicados, ideológicos o por cualquier otra razón prescindibles», además de cerrar organismos destinados a crear estructuras paralelas al Estado, las televisiones autonómicas o los defensores del pueblo. También propone la «fusión de ayuntamientos», medida que ya barajó el Gobierno de Mariano Rajoy cuando accedió al Gobierno en 2011.
