Con la personalidad pausada que tanto le define, Ángel Gabilondo (San Sebastián, 73 años) toma asiento en la mesa acristalada de su despacho de Defensor del Pueblo, con un fajo de documentos y una frase en los labios: “El testimonio de las víctimas va a ser el soporte de toda nuestra acción”. Habla sobre la investigación de la pederastia en la Iglesia que el Congreso de los Diputados le encomendó hace cuatro meses y que finalmente este martes ha comenzado a funcionar. Los canales de atención a supervivientes están abiertos y la comisión independiente de expertos ya está definiendo los primeros pasos que va a dar para elaborar el informe final que le ha pedido el Parlamento.
Gabilondo es consciente de la complejidad del encargo —conocer la verdad de lo que ha pasado y el papel desempeñado por los poderes públicos—, de las reticencias que ya ha manifestado una parte de la Iglesia para colaborar en la investigación, y de la disconformidad que muestran algunas víctimas con el hecho de que sea el organismo que dirige el encargado de ejecutar este cometido. “Sé que la confianza no sólo hay que pedirla, hay que merecerla”, admite. Su hoja de ruta es distinta a la de la auditoría que está haciendo, por encargo de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el bufete Cremades & Calvo-Sotelo, que en una entrevista reciente en eldiario.es destacó que su objetivo “no es hablar con las víctimas”, sino realizar “un dictamen pericial”. En el caso de Gabilondo, el epicentro de su investigación son los supervivientes para, además de recoger y contabilizar sus relatos, tomar en cuenta sus propuestas, “claves para entender el fenómeno”. El Defensor, ministro de educación entre 2009 y 2011, habla sobre su pasado como religioso de la orden corazonista y los casos de abusos que han aflorado en los centros por los que él pasó. “Es terrible, pero de verdad, si hubiera sabido algo lo hubiera denunciado”, dice.
Contundente, Gabilondo lanza un mensaje al sector de la sociedad que percibe su comisión como una caza de brujas: “Esto no es un jurado ni una causa general contra la Iglesia católica. No escribimos [el informe] desde ningún resentimiento ni revanchismo”. Pero también advierte de que “es imprescindible llegar a posiciones con determinación que diriman responsabilidades, aclaren hechos, reparen a las víctimas y eviten que esto vuelva a suceder”.
Pregunta. ¿Ha llegado tarde España a investigar los abusos en la Iglesia?
Respuesta. Lo que sí está claro es que hemos llegado después. Llegar después nos permite analizar lo que han hecho en otros países y nos permite también no tener ya excusa para no hacerlo bien. ¿Por qué ha llegado después España? Supongo que eso tiene que ver con que ha habido reticencias. También con que las propias víctimas no han encontrado el espacio en el que decir lo que piensan y sienten. Tenemos que hacer una reflexión como país de si los poderes públicos han estado atentos o a la altura. La encomienda del Congreso también es para analizar la responsabilidad de los poderes públicos en España sobre este tema. Y eso también explica por qué hemos llegado tarde.
P. Hace referencia a otro tema tabú de este país: la dictadura.
R. Eso también influye claramente. No es solo de una religión de lo que estamos hablando, es algo que permea toda la sociedad. No solo desde el punto de vista espiritual, sino también desde la concepción de la sociedad. En España ha existido el nacionalcatolicismo. Dicho con todo el respeto, en España ha habido una presencia social muy grande de la Iglesia católica.
P. ¿Ha encontrado dificultades para poner en marcha esta investigación?
R. Sacar esto no es fácil. Hay gente que está trabajando activamente para que no salga adelante. Personas que, aunque yo las respeto, no ven con buenos ojos que se haga esto. Tenemos que convencer también a quien ve las cosas de otra manera. Yo convoco a todos a que afrontemos esto conjuntamente.
P. ¿Habla de algunos partidos políticos o algunas instituciones?
R. Claramente, hay gente que [este problema] lo ve de otra manera. Dicen: “Bueno, convendría estudiar todo tipo de víctimas”. Es que tampoco se descarta. No digo que más adelante haya que hacerlo. También quiero señalar que la conmoción social que se produce [con los abusos] cuando se trata de la Iglesia es muy distinta, porque exactamente se espera [de ella] ejemplaridad y referencia moral.
P. ¿Se puede hacer un buen informe si la Iglesia se niega a abrir sus archivos?
R. Primero, yo no voy a darle a la iglesia lecciones sobre qué es la Iglesia, pero lo que sí sé es que la Iglesia no es solo la Conferencia Episcopal. Con todo mi respeto, esta es una comunión de obispos. En la Iglesia hay distintas versiones y lecturas de este asunto. Y segundo, muchísimos sectores de la Iglesia entienden [la investigación del Defensor] como una oportunidad para dirimir responsabilidades y dejar claro lo que ha ocurrido. La CEE ha dicho que no va a participar institucionalmente. Si no desea participar, respetado queda. Pero creo que debe demostrar con hechos hasta qué punto y hasta dónde llegará su colaboración. Ellos han señalado repetidamente a través de su presidente [el obispo Juan José Omella] y de su secretario general [el arzobispo Luis Argüello] que van a colaborar dentro de la ley. Que digan eso me parece un poco redundante. ¿Están señalando que habrá dificultades por el derecho canónico o el Concordato?
P. ¿Le solicitará periódicamente al bufete de Cremades & Calvo-Sotelo la documentación que las diócesis le están entregando?
R. Lo normal es que la solicitud se haga directamente a la Iglesia católica y no a quien está haciendo el trabajo [sobre los casos de pederastia] que la CEE ha encargado. La Iglesia tiene que mostrarnos qué ha hecho y a qué conclusiones ha llegado. Sé que algunos [obispos y órdenes religiosas] lo están haciendo muy en serio. Yo les llamaré y les pediré colaboración: que me den la información y los materiales que puedan. Siempre con respeto a la voluntad de las víctimas. Yo no puedo hacer un informe serio sin tener en cuenta todos los ámbitos donde se ha trabajado este asunto.
P. Si la Iglesia no colabora, ¿lo citará en su informe?
R. Desde luego. Nosotros, como haya dificultad, lo vamos a señalar. Nuestra intención no es solo hacer un informe de resultados, sino también sobre los procesos [que se han seguido]. Especificaremos quién ha decidido no colaborar. Respetada queda su decisión de no hacerlo, pero también dicho quedará.
P. ¿Percibe entonces una división entre los obispos sobre cómo afrontar este problema?
R. Se ve, ¿no? El tipo de colaboración que se siente entre unos y otros no es igual. Negar eso es negar la realidad. Hay que saber que vamos a trabajar con esa diversidad y esa pluralidad.
P. La máxima de su discurso es situar a las víctimas en el centro de la investigación. ¿Cómo se ha sentido después de hablar con algunas de ellas?
R. Su opinión para mí ha sido muy importante, incluso la de las que han sentido que el Defensor del Pueblo no es el más adecuado [para realizar la investigación] porque no tiene un poder coactivo con la Iglesia. Yo les quiero mandar un mensaje de cercanía. Estamos abiertos a atender sus propuestas e incluso su disensión sobre lo que vean. Estas cosas son importantes y espero que el Foro de Asociaciones [espacio para que las víctimas asesoren y opinen durante el transcurso de la investigación] permita hacer un trabajo donde puedan expresar sus puntos de vista, desmarcarse de lo que no están de acuerdo y hacer propuestas para que esto pueda proseguir en una dirección fecunda. Es esencial que esta comisión no olvide ese esfuerzo que han hecho las asociaciones de víctimas. Es clave también para entender el fenómeno.
P. ¿Incluirá esas propuestas u opiniones contrarias a la investigación del Defensor en el informe?
R. Sí. Han trabajado durante mucho tiempo y creo esencial incorporar sus análisis y propuestas. Incluso, mencionar [específicamente] a cada una. Recoger: “Esta asociación dice tal cosa, propone esta cosa y considera esto”.
P. ¿Cree que su pasado como religioso de la orden corazonista le condiciona para llevar a cabo este trabajo?
R. Fueron años en los que toda mi voluntad siempre fue ser profesor. Lo hice con toda mi pasión y también lo dejé convencido. ¿Positivo o negativo? Supongo que tendrá sus claroscuros para unos o para otros el que yo esté ahí, pero sí puedo decir que no me condiciona ni me determina para realizar este trabajo. Porque a mí me parece que los abusos sexuales son absolutamente impresentables, desde todos los puntos de vista, sin justificación alguna. Y, desde luego, si yo hubiera tenido conocimiento, lo digo con toda contundencia, lo hubiera denunciado.
P. Habla sobre los casos que este diario ha corroborado en su base de datos y que sucedieron en los colegios corazonistas por los que pasó como docente, como el de Vitoria (en 1971) y Madrid (entre 1972-1977) ¿Conoció a los acusados?
R. Me suena el nombre de E. Z. O. [alias El Champi, de Vitoria], pero nunca supe nada. Es terrible que pasara. Mi vida [en esos colegios] iba absolutamente por otro camino. Y lo que hice fue trabajar mucho, estudiar mucho y tratar de modificar las formas de educación. Creía que las formas de enseñar tenían que ser mucho más liberadoras, mucho más abiertas, con materiales distintos. Y yo también me encontré con los límites de mis propias posibilidades. Llegó un momento que preferí seguir otro camino. Y así hice.
P. Entonces, ¿nunca vio nada ni padeció abusos cuando fue profesor? ¿Tampoco cuando fue estudiante?
R. Ni conmigo ha pasado eso, de alumno en el colegio cuando era un chaval, ni cuando daba clase. Esta es la verdad. Y cuando lleguen esos casos [a la comisión], llegaremos hasta el final. Los corazonistas en concreto saben perfectamente cómo soy: yo no juego con estas cosas. No vamos a hacer ninguna arbitrariedad. No vamos a dejar de hacer con toda determinación lo que haya que hacer.
P. ¿Cómo abordarán el tema de las reparaciones?
R. La reparación es decisiva. Es muy importante oír los testimonios para ver cómo se sentirían mejor reparadas las víctimas. Hay peticiones muy distintas respecto a la reparación. Sé que algunas quieren que, si se otorgó un reconocimiento a su abusador (el nombre a un colegio, a una calle…), se derogue. Algunos piden ayuda psicológica y que la Iglesia reconozca por escrito y públicamente su responsabilidad. Muchas han tenido secuelas a lo largo de toda su vida. Incluso, para algunos ha sido un problema laboral. No quiero adelantar conclusiones, pero igual hay que pensar si se puede tomar alguna determinación en ese ámbito. Como se ve, estoy poniendo ejemplos en los que no he hablado de dinero. Sé que muchas víctimas no quieren que se identifique su reparación con eso. Pero ese asunto saldrá.
P. ¿Cada cuánto tiempo prevé dar cuenta en el Congreso de los avances?
R. En un año debemos hacer un balance de la situación, con independencia de que prosigamos. No digo un informe cerrado, pero sí una primera valoración. Creo que una de las cosas que también agradece la sociedad es que seamos muy honestos diciendo lo que podemos hacer y hasta dónde llegamos.
P. ¿Qué espera encontrarse al final de la comisión?
R. Hacer un informe donde se pueda sopesar el alcance de lo sucedido. No estoy simplemente hablando de números, sino de hacernos cargo de qué es lo que de verdad ha pasado. Hay algunos que le restan importancia, dicen: “Son casos aislados”. Y otros pueden que lo magnifiquen un poco. Quiero ponerlo en su justa medida. Me gustaría que las víctimas encontraran que su voz está ahí y que cuando lean el informe digan: “Aquí está lo que nosotros decimos, sentimos y pedimos”. Y también queremos que se les reconozca socialmente. Que, institucionalmente, haya un reconocimiento de lo sucedido. Si no, parecerá que [sus testimonios] son una fantasmagoría.
P. ¿Tiene miedo a fracasar?
R. No, yo no tengo miedo a fracasar. El fracaso sería no abordar esto, no hacer todo cuanto se puede.
Si desea contactar con el Defensor del Pueblo puede enviar un mail a atencionvictimas@defensordelpueblo.es, llamar al teléfono gratuito 900 111 025 o escribir a la dirección postal: Calle Zurbano, 42, 28010, Madrid.
Entrevista publicada en el diario El País