La policía carga contra pasajeros y manifestantes asaltando la estación de tren.
Un hombre de mediana edad, sentado en un banco de la estación de tren, protege a un joven envolviéndole con sus brazos mientras grita desesperadamente a los policías armados con cascos y porras que corren de un lado a otro por los andenes en la estación de Atocha de Madrid.
«¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!», les grita repetidamente en un vídeo que muestra cómo la policía cargó en la estación durante las violentas manifestaciones que sacudieron Madrid la semana pasada.
Al otro lado de la barrera de entrada, otro hombre más joven es golpeado
por dos policías con sus porras. «No sé si es un pasajero o un manifestante,» admite uno de ellos. Un tercer hombre, que estaba esperando el tren, es arrojado al andén por agentes de policía mientras pregunta: «¿Y qué es lo que he hecho?». Un joven señala la sangre corriendo por su cara. «¿Qué demonios es esto?», se pregunta.
El viernes, la policía contó al juez que había tenido que perseguir a un grupo de manifestantes violentos a través de las vías del tren y que había detenido más tarde a algunos en un bar cercano. Ellos también habían sufrido lesiones. «Las personas que habían estado lanzando piedras a la policía trató de esconderse en la estación, haciéndose pasar por pasajeros normales», dijo un portavoz. «Tuvimos que entrar».
Los españoles responden con consternación a la violencia mostrada por los manifestantes que lanzaron ataques contra la policía y a la respuesta de algunos policías antidisturbios durante los enfrentamientos que tuvieron lugar en las inmediaciones del Congreso en Madrid la semana pasada, mientras el largo drama de la caída de la economía del país ha entrado en un nuevo escenario de confrontación, entre temores de que habrá más violencia por venir.
Mientras que la policía y el gobierno conservador del primer ministro Mariano Rajoy eran acusados de autoritarismo, los manifestantes radicales -tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha- establecían una dura frontera, de lucha callejera, con las antaño pacíficas protestas de los civilizados pero ineficaces indignados.
Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno en Madrid, había advertido antes de las protestas que en ellas se estaban infiltrando miembros violentos de la extrema derecha de España y que estaban atrayendo a los izquierdistas más radicales del país. Pero los manifestantes señalaron posteriormente a un grupo de policías encubiertos que, según ellos, habían estado al frente de la concentración agitando banderas rojas y animando a otros a la violencia.
De hecho, otros policías pensaron que sus colegas encubiertos eran alborotadores, y existe también una grabación en la que uno de los infiltrados es arrastrado por la policía fuera de la multitud para ser arrestado mientras este grita: «¡Que soy un compañero, que soy un compañero!»
El sábado, un hombre de 72 años, que se encontraba entre los más de 30 manifestantes que habían sido acusados de atacar a la policía y que posteriormente salieron en libertad bajo fianza, refería: «Pero yo estaba sentado cuando me arrestaron».
La radicalización se produjo en un momento de preocupación ante la posibilidad de que la agencia de calificación Moodys pudiera rebajar la solvencia de España, volviendo a encender la presión sobre su deuda y haciendo crecer astronómicamente de nuevo los tipos de interés que deben ser pagados.
Los ministros han informado de que 10 mil millones de euros deben salir de los recortes y aumentos de impuestos en el presupuesto del próximo año sólo para cubrir un estadio en el pago de los intereses. La noche del viernes anunciaron una próxima ronda de rescates bancarios, pagados por el fondo de rescate de la zona euro, que elevarían las deudas del país a unos 50 mil millones de euros. El gasto será reducido en un 7% el próximo año, lo que conllevará una nueva ola de recortes en salud, educación y otros servicios sociales. Ayer, los funcionarios españoles tuvieron que oír que, por tercer año consecutivo, sus salarios serían congelados.
El período de calma en las economías más problemáticas de Europa creado por el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, al anunciar los planes para comprar la deuda de los países que pidieran rescates en el futuro, también parece haber llegado a su fin. Y con la amenaza del separatismo catalán sumado a las preocupaciones sobre la capacidad de Rajoy para controlar los acontecimientos en España, muchos esperan ya que Rajoy pida un rescate completo para el país -poniéndolo en manos de aquellos que han forzado ya a Grecia, Portugal e Irlanda, a una ronda tras otra de recortes en los gastos.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó el sábado ante el Parlamento un presupuesto de austeridad que ha sido visto ampliamente por los analistas como un intento de adelantarse a las condiciones que se le habrían impuesto a España de todos modos para el rescate. «La reducción de nuestro déficit presupuestario es esencial», dijo.
Con un desempleo del 25%, sin embargo, y con la economía ya condenada a reducirse para los próximos dos años, los españoles no ven final en el túnel de la miseria.