Si hay algo que molesta a la derecha es un juez respondón que los desautorice. Cierto es que les molestan también sobremanera los policías o guardias civiles sindicalizados y, no poco, los curas rojos. Pero a los armados los ven displicentemente como asalariados desertores del arado, y a los curas como descarriados que leyeron mal el sermón de la montaña pero que terminan por lo general humillándose ante el Papa. Pero un juez… Las sociedades capitalistas necesitan justificar las desigualdades y doblar legalmente el brazo a los perezosos trabajadores. La fuerza bruta no basta (ya lo demostró Platón con el argumento de Trasimaco). El entramado legal en que consiste el Estado es la pieza esencial de su dominación. De hecho, en las familias con mando histórico en plaza, el avaricioso iba a la empresa, el tonto a la milicia, el sinvergüenza a la curia y el avispado al mundo del derecho (como juez, abogado o notario). Y cuando se habla de “la familia”, no caben traiciones. Aunque, cierto es, que la derecha llame pijo a un juez, recuerda al dicho venezolano: “aquí está el diablo dando misa”.
Ya se sabe el desenlace de la acusación por delitos de lesa humanidad cocinada por el PP -ese partido fundado por el franquista Fraga, llevado a la gloria electoral por el franquista Aznar, abocado a un rescate por el gallego de derechas Rajoy y esperpentizado por la pija franquista y delegada del Gobierno en Madrid-. Acusación que buscaba hacer de los organizadores del 25S reos émulos de aquellos encadenados de los chistes de cuando Forges se estaba inventando a Forges, colgados de las muñecas en olvidadas mazmorras y tan sabedores de que tenían razón como de que estaban en la mierda. Pues ha llegado un juez, de los jueces jueces, que les dijo a los del PP, esto es, a los guardianes de las mazmorras: “esto no es mío”, y los del PP, arrogantes como son, de familia, insistieron: “pues te jodes y los procesas”. Y el juez: “¿Ah, sí? Pues te vas a cagar”. Y en ese lenguaje jurídico, quizá algo más sofisticado, añadió: “Y, desde luego, el hecho de convocar bajo los lemas de rodear, permanecer de forma indefinida …, exigir un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente, mediante la dimisión del Gobierno en pleno, disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado, abolición de la actual Constitución e iniciar un proceso de constitución de un nuevo sistema de organización política, económica o social en modo alguno puede ser constitutivo de delito, ya no solo porque no existe tal delito en nuestra legislación penal, sino porque de existir atentaría claramente al derecho fundamental de libertad de expresión, pues hay que convenir que no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política”.
Mientras Rommey le decía a Obama que no quería llevar a Estados Unidos por el camino de España, el diputado del PP Rafael Hernando, el que en una ocasión le quiso medir la cara a Rubalcaba con los puños, habló por el PP y dijo que el juez desobediente era un ácrata y un pijo. No debiera ser problemático cuestionar a los jueces, que bien lo merecen. Llamarlos pijos puede ser redundante. Ácratas, hombre, suena exagerado, porque el anarquismo busca acabar con la forma Estado. Aunque eso no fue lo relevante. Mucho más terrible –y menos comentado– fue que afirmara el pugilístico diputado que el auto era “indecente”. Porque cuando la derecha dice de algo que es “indecente”, termina llevándolo a la hoguera o al campo de concentración. Aviso para navegantes. El juez Pedraz había señalado que el comportamiento de la derecha que nos gobierna pecó de alarmista –por confundir las metáforas sobre la ausencia de democracia con un golpe de Estado, ellos, que tanto saben del asunto– e incoherente –por decir una cosa y la contraria, acostumbrados a hacer y deshacer sin tasa ni testigos–. Hablar de “conjura contra el Estado” o de “ataque a la soberanía nacional” suena en exceso al delito de rebelión con que los franquistas juzgaron, condenaron y ejecutaron a decenas de miles de republicanos. Preocupante.
Desde la Asociación Profesional de la Magistratura voló una judicial descalificación, llena de respeto, sobre el auto de Pedraz. Los comentarios del juez díscolo sobre el camino al sumidero de los políticos hispánicos –incluidos los catalanes– no sería sino “un exceso literario”. Aunque lo que habría que decirle a los magistrados profesionales es que el exceso literario no es del juez Pedraz, sino de las encuestas del CIS que achacan a los políticos los males del país y el túnel al final de la luz. Vamos, que el exceso es el que expresan los ciudadanos sobre la política institucional. ¿Y no es sensato que un juez imparta justicia sobre la base de una lectura correcta y actualizada de la realidad social en la que vive?
Rodear el Congreso era una manera nueva de decir que esta democracia está agonizando. Que si te presentas con un programa a las elecciones y lo incumples de manera total, estás vaciando el Congreso de sentido, de la misma manera que si te desentiendes de tus obligaciones con tus nacionales, la bandera se convierte en un trapo absurdo. Que si perdemos derechos sociales porque así lo mandan “los mercados”, hay que disolver las Cortes y replantearnos qué hacemos. Que si la Constitución es papel mojado porque el artículo 1 queda sometido al albur del ánimo del capitalismo financiero es momento de buscar una nueva Constitución que de sentido al Estado social, democrático y de derecho. Que si vemos impávidos cómo se rompe el Estado porque las cúpulas de los partidos están más preocupados por su posición inmediata que por pensar a medio plazo, es hora de que los diferentes pueblos que configuramos el Estado nos sentemos en pie de igualdad y discutamos cómo queremos organizar la convivencia.
Y esa capacidad corresponde al pueblo, que es donde reposa la soberanía y que es quien posee el poder constituyente. Y si el poder constituido quiere impedirlo, hay un conflicto político de primera magnitud. Porque no hay nada por encima del poder constituyente. Y si lo constituido lo olvida, no queda otra que regresar al lugar donde se solventan los problemas políticos de calado: en las calles. Las calles que rodean el Congreso. Ahora con sanción judicial, elevado a los altares democráticos de la libertad de expresión. Lo que sabíamos aunque no lo dijera un juez. Ahora, el problema es de ellos. Rajoy siempre puede mirar para otro lado, fumarse un puro y condecorar a los policías que más recio disparen en las estaciones de tren y metro. El 15M y el 25 S siguen sumando fechas a la democracia.