Más de 50 de los 251 denunciados por hechos relacionados con la denominada primavera valenciana han presentado a lo largo de esta semana varios recursos de alzada ante el ministerio del Interior. Según comunicaron este miércoles fuentes de la Asamblea Global del IES lluis Vives, los expedientes sancionadores siguen abiertos. Durante el mes de noviembre, de hecho, llegaron multas de entre 100 y 301 euros a las personas detenidas en las protestas estudiantiles del pasado febrero en Valencia.
«La delegación de Gobierno se ha ocupado por medio de estas sanciones administrativas de que el tema quedase abierto», expusieron, «y la prueba son estos recursos dentro del mes de plazo». Los 251 identificados fueron acusados, al menos, de alteración del orden público. Entre ellos había menores de edad desde los 14 años y adultos. De ahí la diferente cuantía de las multas administrativas, ya que la parte penal está archivada. «Ya se ha sobreseido la causa a tres imputados», aseguraron fuentes de la comisión judicial que está llevando los casos.
Los acusados se enfrentan a multas de entre 100 y 301 euros
El resto se enfrenta a penas económicas que, en algunos casos, obliga a las familias a «asumir unos hechos falsos y pagar» o a «emprender un camino de respuesta que ya es demasiado largo». En esta línea, la Asamblea señaló que están dispuestos a llegar «tan lejos como el ministerio quiera» para «defender los derechos fundamentales» de las personas implicadas. El colectivo añadió, además, que la Fiscalía de Menores y el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia coincidieron en descartar «delitos o faltas» en los hechos ocurridos el 17 de febrero frente a la comisaría de la calle Zapadores en Valencia.
«Como ciudadanos responsables», comunicaron desde la Asamblea, «no podemos instalarnos en la comodidad cómplice al precio de los derechos de nuestro hijos». «No vamos a dar por buenas acusaciones falsas que testigos y documentos gráficos desmienten ni a dar por bueno un proceso administrativo viciado desde su inicio, lleno de contradicciones», sentenciaron. Los miembros de la agrupación apoyaron estas actividades jurídicas y sostuvieron que no pretenden ocultar con el silencio un «abuso de poder que no tiene más finalidad que acallar la voz crítica y civilizada».
Para la Asamblea, los estudiantes se manifestaron «espontáneamente» ante el centro y, «a instancia de alguien externo al grupo», decidieron ir al centro citado para «pedir la libertad de tres detenidos en sucesos de la víspera». Al llegar al lugar, la policía hizo un «doble cordón» alrededor y los mantuvo «bloqueados» durante más de tres horas. Los agentes fueron identificándoles mientras salían en pequeños grupos. En esa jornada hubo 254 identificaciones. De ellas, seis se acompañaron con detenciones y tres están archivadas.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/05/valencia/1354735739_434349.html