«Amedrentar e intentar criminalizar a quiénes nos atrevemos a pensar diferente de sus jefes políticos». Esa es la intención, según EUPV de Elda-Petrer, con la que dos agentes de la Policía irrumpieron esta semana en una reunión privada que el colectivo convocó a través de las redes sociales para hablar sobre acciones a poner en marcha, por ejemplo, para ayudar a familias desahuciadas.
Los hechos ocurrieron, en concreto, en el centro social Andrés Navarro de Elda cuando una pareja de policías nacionales «de paisanos» llegaron a la asamblea «convocada legalmente».
Según fuentes de EUPV, los asistentes «estaban asesorando a personas en proceso de desahucio y estudiando acciones en favor de la dación en pago».
El objetivo de la Policía era, al parecer, identificar a los asistentes. Pero, ante la negativa de muchos de ellos, «terminaron identificando a un responsable de ese conjunto de ciudadanos que se reunían libremente para intentar dar soluciones» a los problemas de los ciudadanos.
Desde EUPV de Elda-Petrer insisten en que no existe ningún precepto legal que justifique la identificación de los participantes en una manifestación o en una reunión, salvo que como establece el Código Penal, «la movilización o la reunión tengan por finalidad cometer algún delito o aquellas a las que acudan personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o peligrosos», que «por supuesto no era el caso».
Los asistentes a la reunión, que se convocó de manera privada a través de un grupo de Facebook, no se explican aún la presencia de los agentes, que «nos dijeron que habían sido enviados por sus jefes de Alicante». Lamentan, además, que el Ministerio del Interior «criminalice» este tipo de encuentros que busca ayudar a los ciudadanos más castigados por la crisis.
EUPV elevará el caso al Congreso a través de uno de sus parlamentario, el valenciano Ricardo Sixto. Este diputado ya ha registrado en el congreso varias preguntas para que se investiguen identificaciones indiscriminadas en la Comunidad.
EUPV recuerda en un comunicado la denuncia del secretario general del Sindicato de Policía SIPE, Alfredo Perdiguero, que declaró públicamente el 17 de noviembre «con ocasión de la celebración de una manifestación por la defensa de los derechos del colectivo policial que, desde el Gobierno, se les está obligando a realizar identificaciones masivas e indiscriminadas».
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/12/alicante/1357984290.html