Con la controvertida ley de mejora de la calidad educativa, la LOMCE, ya aprobada y en marcha (oficialmente entró en vigor el pasado lunes), el propósito de Año Nuevo del ministro de Educación, José Ignacio Wert, para este 2014 es la reforma de la ley orgánica de universidades (LOU), que desde el 2001 rige el funcionamiento de la educación superior y que ya fue revisada en el 2007 por el Gobierno de Zapatero. La intención de Wert es que el nuevo texto esté listo a finales de este año.
A diferencia de lo que ha ocurrido con la LOMCE, muy contestada en la calle y en las Cortes, Wert sí tiene respaldo para acometer la reforma universitaria. Y es un apoyo bastante unánime. Comunidades autónomas y rectores, que llevan ya unos meses manteniendo reuniones con el ministerio para darle a conocer sus puntos de vista, coinciden en que es necesario renovar una institución que parece anclada en el pasado y que necesita, con urgencia, un nuevo sistema de financiación.
«Es una reforma imprescindible. Y ha de ser, además, profunda y de carácter estructural», afirma Gemma Garcia Brosa, profesora de Economía Pública en la Universitat de Barcelona y coordinadora del grupo EuropeG, que ha dedicado su último informe a analizar cómo hacer más competitiva la universidad.
Menos acuerdo hay respecto a cómo se debe modificar la ley. Algunas de las propuestas que se han conocido hasta ahora, como la que elaboró el comité de expertos designado por el ministro para preparar un documento base para la negociación, «son poco creativas, basadas en tópicos y con un espíritu recentralizador notable», critica Ferran Sancho, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
DE HONDO CALADO El ministro ha anunciado ya que prepara una revisión de hondo calado, que afectará a la organización de las universidades públicas, al sistema de elección de rectores y decanos, a la contratación de profesores y, sobre todo, a la financiación. Hay quien le pide que aproveche la ocasión para reformar (de nuevo) la oferta de estudios, crear un nuevo modelo de selección de los alumnos e implantar un sistema de becas potente y estable.
Los responsables de las universidades, representados en la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), tienen la mano tendida al ministro para hablar, cuando quiera, de una nueva financiación. «Pero sea como sea, tanto si el sistema se asienta en una mayoría de aportaciones públicas como si no, esta financiación ha de ser estable y fruto de un pacto social previo», defiende Garcia Brosa.
«Lo que no puede seguir ocurriendo es que los rectores tengan que aprobar sus presupuestos anuales sin conocer cuánto dinero les dará el gobierno autonómico ese ejercicio», lamenta la economista
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