El exedil, imputado en la causa que investiga el saqueo millonario en la gestión de depuración de agua en Valencia, apunta al Partido Popular como beneficiario último del presunto delito. Y asegura que se dilapidó una cantidad que triplica a la que está siendo investigada.
Ellos no quitaban dinero «a los negratas», ni se hacían llamar por motes mientras se codeaban con el presidente de la Generalitat. Su saqueo (presunto, mientras la causa que lo investiga se sigue instruyendo en la Audiencia Provincial de Valencia) se producía lejos de los focos y en un lugar con tan poco glamour como la depuradora de Pinedo, la que depura las aguas negras de la ciudad de Valencia y su área metropolitana. Quizás por eso el caso Emarsa queda en esa geografía eclipsado por Gürtels y Blascos, aunque la cantidades de dinero público presuntamente sustraída que se investiga no sea para nada menor: 23 millones de euros (a los que cabría sumar lo evadido de la Hacienda Pública).
Sin embargo, esta mañana uno de los imputados en la causa quiso devolver el caso Emarsa a la primera plana de la actualidad y lo hizo reformulando la cifra que, según sus cálculos, refleja realmente el dinero presuntamente sustraído, elevándolo a 63 millones de euros. El imputado en cuestión, no obstante, no es un cualquiera, sino el ex concejal del ayuntamiento de Valencia Juan Carlos Gimeno, que fue director de calidad de Emarsa, la antigua empresa de titularidad pública que da nombre al caso y que se encargó de la gestión de la depuradora de Pinedo hasta que en 2010 fue cerrada, tras descubrir un agujero en su gestión de 17 millones de euros.
Gimeno convocaba esta rueda de prensa después de que, según su testimonio, el juez instructor del caso no le hubiera dejado exponer sus datos en la jornada de ayer, cuando tuvo que testificar de nuevo ante él. Según Gimeno, el desfase entre la cifra que investigan los tribunales y la que él ofrece, casi triplicando la anterior, se debe a dos motivos. Por un lado, a que parte de la cantidad que él suma (17 millones de euros) hace referencia a presuntos hechos delictivos que ya habrían prescrito. Por otro, a que de la cantidad restante, la mayor parte la apunta en el sobredimensionamiento de la plantilla para «enchufar» a miembros del PP o a personas relacionadas con el partido.
Respecto al primer bloque, Gimeno recordó cómo en la primera etapa en que la depuradora fue gestionada bajo la dirección del actual tercer teniente de alcalde de la ciudad de Valencia y Concejal Delegado de presupuestos y política tributaria y fiscal del equipo de Rita Barberá, se compraron por ejemplo dos palas volteadoras por valor de 450.000 euros que «nadie ha visto», o se pagaron 8 millones de euros por obras «que no lo valen». Entre ellas, Gimeno señaló la construcción de una valla alrededor de la depuradora que se mandó construir «por los de dentro» para «que no entrara más gente del PP», porque, según apuntó, en el partido «todos querían estar allí». Debido a la actual prescripción de estas actuaciones nunca ha sido investigado si son constitutivas de delito ni recriminado el concejal Senent.
Por lo que respecta al segundo, Gimeno hace su cálculo comparando las plantillas con que operaba la depuradora tanto en época de gobierno del PSOE, como en la actual (en que está gestionada por una UTE) y que oscila entre los 60 y los 70 trabajadores, con la que implantó el PP, que alcanzó los 103 empleados, a los que cabría sumar 16 trabajadores externos. Esto subió el gasto de personal de la depuradora en más de 17 millones de euros solo para los asalariados, entre los que se contaban funcionarios de clase A, a razón de 90.000 euros al año. No obstante, señaló Gimeno, en la plantilla se incluían profesiones de lo más variopinto, como detectives o jardineros, mientras se reproducían los contratados que no reunían la titulación necesaria para el cargo que ocupaban («un antenista de televisiones era el responsable de la instalación eléctrica ocupando el puesto de un ingeniero, sin tener su titulación, pero cobrando como tal», puso como ejemplo).
No obstante, los presuntos hechos que denuncia no están siendo investigados en la instrucción, y Gimeno deriva toda la responsabilidad a la acusación popular, en la que está personada como afectada la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos. Una entidad que, al estar controlada por representantes del Partido Popular (son elegidos desde ayuntamientos en los que mayoritariamente gobierna el PP) no estarían apuntando, según Gimeno, hacia la responsabilidad en el saqueo que tendría el propio PP…
Autor: Juan E. Tur
Noticia Completa: Público