El juez del caso Emarsa -presunto saqueo de 20 millones de euros de la depuradora de Pinedo (Valencia)- ha citado como testigos al presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, y a la diputada autonómica del PP Maritina Hernández. La decisión se produce después de que la fiscalía respaldase la solicitud de la acusación popular que ejerce el PSPV.
La citación la pidieron los socialistas porque Cotino y Hernández, en su calidad de consejeros de Agricultura, presidieron la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar), una sociedad de la Generalitat que supuestamente pagó sobrecostes por la retirada de los lodos de la depuradora. La Epsar transfirió a Emarsa más de 100 millones de euros y pagó el doble por el precio del lodo, según la minuciosa investigación que desarrolla desde hace tres años el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.
El juez Vicente Ríos recuerda en un auto facilitado este miércoles por el TSJCV que Cotino, en su condición de presidente de las Cortes, tiene la opción de declarar en su despacho oficial. La declaración de Hernández, en cambio, se producirá en el juzgado el próximo 27 de febrero.
Con la citación como testigos de los dos exconsejeros, el PSPV pretende conocer el grado de conocimiento de los testigos de los acuerdos de la Generalitat con la saqueada Emarsa. Cotino y Hernández eran los jefes de los imputados Juan José Morenilla e Ignacio Bernácer, exgerente y exjefe de Explotación de Epsar, respectivamente.
El PSPV quiere saber por qué Hernández defendió en el diario de sesiones de las Cortes una tarifa por procesar el lodo —42 euros por tonelada— que la investigación judicial considera desorbitada y objeto de mordidas. La exconsejera relacionó la “disparidad de precios” con la “diversidad de depuradoras” y negó que se hubieran triplicado los pagos de Epsar a Emarsa, según los socialistas.
Además, la acusación popular señala que Cotino fue quien, por resolución del 14 de mayo de 2010 y como presidente del consejo de administración de la Epsar, aprobó el presupuesto estimativo para 2010 correspondiente al convenio de febrero de 2004 por importe de 16,3 millones de euros.
La acusación popular y el ministerio fiscal entienden que la declaración como testigo es «de crucial interés» con respecto a la aprobación de la financiación a Emarsa durante el periodo en que ocupó la presidencia de la entidad pública, que otorgaba fondos a la depuradora de Pinedo mediante convenios para su explotación.
La Abogacía de la Generalitat, que ejerce la acusación en la instrucción del caso Emarsa, rechazó las comparecencias de Cotino y Hernández. La Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) no se opuso, aunque señala que la posición de la Epsar en cuanto a la corrección de precios con los que financió a Emarsa está de «sobra y reiteradamente acreditada» en la causa mediante los informes aportados y las testificales practicadas.
Autor: Juaquin Gil