Le juzgaron, le condenaron y ahora está dispuesto a confesar. Caiga quien caiga. La defensa del ex siete veces conseller Rafael Blasco, quien cumple seis años de prisión por malversar 1,8 millones de las ayudas destinadas al Tercer Mundo, negocia con la Abogacía de la Generalitat y la Fiscalía Anticorrupción un acuerdo de conformidad por el que reconocería los delitos por los que aún se le investiga a cambio de salir antes de la cárcel de Picassent. El juzgado de Instrucción 21 de Valencia instruye dos piezas más del llamado caso Cooperación o caso Blasco, que investiga una red de corrupción que se habría camuflado en la Conselleria de Solidaridad para desviar los fondos públicos que la Generalitat Valenciana destinaba cada año a la cooperación internacional.
Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, las reuniones entre las defensas y acusaciones se han sucedido en las últimas semanas, el acuerdo ha estado a punto de firmarse a cambio de reducir al menos un grado la condena de Blasco y reconocer los delitos de corrupción de las dos piezas que investigan el reparto de ayudas públicas a fundaciones que se habrían aprovechado del trabajo y prestigio de las ONG’s de la Comunidad Valenciana y la construcción de un hospital en Haití tras el trágico terremoto del año 2010.
Sin embargo, según fuentes próximas a los encuentros, las negociaciones se han interrumpido después de que Blasco impusiese como condición eximirle de la responsabilidad civil, que sólo la sentencia de la primera pieza la eleva a más de un millón de euros. La defensa de Blasco ha trasladado que no tiene recursos para hacer frente a la condena. Alega que se ha quedado sin dinero y que sólo le queda su pensión para hacer frente a las multas. Pero ni la Generalitat ni la Fiscalía quieren perder ni un solo euro desviado y se levantaron de la mesa de negociación a la espera de que Blasco detalle cómo hará frente a la sanción económica, añadieron estas fuentes. La confesión queda en suspenso hasta que Blasco aclare si acepta o no pagar las multas.
El clima para la negociación era favorable hasta que el ex conseller impuso sus condiciones económicas. El juzgado de Instrucción 6, con el visto bueno de la Fiscalía, ha archivado una de las dos piezas por las que está imputado su sobrino, Sergio Blasco, en relación a los contratos sociosanitarios que impulsó el Hospital General de Valencia en Perú. Además, el fiscal que ha dirigido la acción de Anticorrupción en el caso Cooperación, Vicente Torres, es el mismo que presentó la denuncia por las irregularidades en la gestión de fondos públicos del IVAM, un procedimiento en el que figura como investigada -antes de la reforma de la ley imputada- la mujer de Blasco,Consuelo Císcar.
La negociación no sólo se circunscribe al ex dirigente del PP. Según estas fuentes, en las reuniones han participado, además de las acusaciones, investigados en las piezas 2 y 3. Estas dos investigaciones -desfalco en la concesión de subvenciones entre 2009 y 2011 y la construcción del hospital de Haití- pueden comprometer, mucho, el futuro de Blasco pues el presunto fraude se eleva a los cinco millones de euros. Entre las defensas que han formado parte de las negociaciones está la de César Augusto Tauroni, el empresario sobre el que gira este escándalo de corrupción; O Tina Sanjuán, colaboradora de Blasco que también está en prisión.
Los investigados
La pieza 2 suma más de 20 investigados, entre ellos Blasco, Sanjuán, Tauroni y su mujer, Alina Indieikina -vicepresidenta de las empresas de la trama Indra Holding and Consulting Corporation-; y el hermano de Tauroni, Arturo, también director de la Fundación Hemisferio, la tapadera de la red para alimentarse de subvenciones de la extinta Conselleria de Solidaridad.
Junto a ellos se encuentran otros empresarios y responsables de pequeñas ONGs: Carlos Andrés Chust, administrador de Chust Alzira; Rafael Pedro Barrera, presidente de la organización Fudersa; Fernando Cañete, administrador de esta última mercantil.
La pieza 3 incluye supuestos delitos cometidos con ocasión de las acciones institucionales aprobadas para la reconstrucción de Haití tras el terremoto -delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, malversación y falsedad-. Suma doce investigados: Rafael Blasco; María Dolores Escandell; Josep María Felip; Marc Llinares; Tina Sanjuán; Augusto Tauroni; su hermano Arturo; Joaquín Blasco; Luis Fernando Castel; Fernando Darder; José Luis Mezquita; y Alfonso Navarro. La Fundación Hemisferio recibió 175.000 euros de la Conselleria para asesorar técnicamente sobre la construcción de un hospital en Haití, en el que la Generalitat iba a invertir otros cuatro millones de euros, pero no lo llegó a realizar al hacerse pública una investigación sobre estas ayudas.
La Generalitat de Francisco Camps presumió durante meses de esta iniciativa. La edificación de este centro estaba llamada a ser el proyecto de cooperación más importante del Gobierno autonómico y sin embargo se quedó en nada. Las investigaciones apuntan a que el dinero nunca llegó. Y ahora Blasco tiene en su mano explicar por qué.
Fuente: El Mundo
Ya va siendo hora de limpiar las instituciones de personas delincuentes que han llenado de ignominia a los ciudadanos del País Valencia