Tras más de un mes de prisión preventiva -según la jueza instructora del caso- o de encarcelamiento injustificado -según otros puntos de vista- finalmente Javier, Ismael y Daniel, los tres jóvenes detenidos por los altercados que se produjeron en Barcelona durante la jornada de huelga del 29 de marzo, han sido puestos en libertad provisional.
Chocante resulta que haya habido dos resoluciones paralelas: la de la jueza en cuestión, Carmen García, titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, y la de la Audiencia Provincial de Barcelona. Mientras que la magistrada impone fianzas de entre 6.000 y 3.000 euros a los jóvenes y la obligatoriedad de comparecer quincenalmente en el juzgado, la Audiencia de Barcelona -que prevalece por ser una instancia superior- ha resuelto la libertad de los detenidos sin fianza aunque, eso sí, prohibiendo su presencia en manifestaciones o reivindicaciones en la vía pública mientras dure la instrucción del caso.
Los tres jóvenes han defendido siempre su inocencia y han negado los delitos que se les imputan: atentados, desórdenes públicos, resistencia, daños y lesiones a la autoridad, actos contra la seguridad vial y tenencia de elementos inflamables y explosivos. Lo que, traducido, corresponde a manifestarse cortando el tráfico y, supuestamente, lanzar piedras contra los agentes y quemar dos contenedores. Sin antecedentes, sin pruebas, sin juicio, sin presunción de inocencia, sin una situación económica personal que lo justifique y desatendiendo las cartas de apoyo de profesores y decanos de la universidad, los estudiantes han sido retenidos en prisión durante 37 días por decisión de la jueza, que alegaba para ello únicamente una prevención ante la posibilidad de que pudieran participar en el futuro en las ya pasadas protestas del 1 de mayo o la cumbre del Banco Central Europeo, recientemente celebrada en Barcelona.
Pero su caso sigue abierto y tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla, no sin inquietud, pues la jueza instructora del mismo, Carmen García Martínez, ya ha sido protagonista anteriormente de otros casos controvertidos, como el que condujo al suicidio de Patricia Heras en 2010, condenada a tres años de prisión tras un juicio basado sólo en la palabra de unos policías y que sembró muchas dudas durante el proceso. La narración completa de los hechos puede encontrarse aquí: http://elteleoperador.blogspot.com.es/2012/04/senoria.html. También de interés: http://www.desmontaje4f.org/
Estos mismos policías -Víctor Bayona y Bakari Samyang- han sido este año condenados a dos años y tres meses de prisión y una pena de inhabilitación absoluta de ocho años y tres meses por un delito grave de torturas y lesiones contra Yuri, un chico de Trinidad y Tobago al que detuvieron en circunstancias irregulares, por lo que también podrían imputárseles a estos guardias urbanos los delitos de denuncia falsa, simulación de delito y falsedad en documento público. http://elpais.com/elpais/2011/10/19/actualidad/1319012239_850215.html
Pero no son las únicas historias sospechosas. Actualmente se están produciendo detenciones durante manifestaciones u otros actos de protesta en las que las declaraciones policiales difieren mucho de las versiones de los imputados, los testigos o el profuso material videográfico registrado. Además, diversas fuentes han informado de lo que acontece tras las puertas cerradas de nuestra Justicia, donde se estaría forzando a manifestantes detenidos a firmar documentos que les inculpan y conllevan multas económicas, bajo la amenaza de añadir nuevos cargos que conducirían a penas de prisión en el caso de no reconocer los delitos que afirman no haber cometido. Pero, por supuesto, eso no está probado.
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