En prisión o detenidos por corrupción. Los autores de la carta de buenas prácticas que la Generalitat y las tres diputaciones provinciales de la Comunidad enviaron a los alcaldes para su puesta en marcha cumplen penas de prisión por corrupción, política y fiscal, o están siendo investigados por pertenencia a banda criminal.
Este protocolo se redactó en 2008 y lleva la firma del ex conseller Rafael Blasco, en la cárcel por malversar las ayudas públicas a las ONG; el ex presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, en prisión por estafa fiscal; el ex presidente de la de Alicante José Joaquín Ripoll, quien se enfrenta a 16 años de cárcel por el caso Brugal; y Alfonso Rus, investigado por la red de recaudadores que se extendió por la Administración. Rus fue detenido en 2016 por blanquear el dinero que percibía en comisiones a cambio de contratos públicos y dirigir la organización que se investiga dentro del ‘caso Taula’
La única persona que participó en la elaboración de esta carta de buenas prácticas que no está inmersa en líos de corrupción es la actual diputada nacional del PP Elena Bastidas, en aquel momento presidenta de Federación Valenciana de Municipios y Provincias. El documento, de 10 páginas, exponía en su introducción que «la complejidad de la sociedad actual» hacía «necesario establecer una nueva forma de gobierno basada en la cercanía y la relación recíproca con los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana».
Fuente: El Mundo