Después de que un centenar de manifestaciones recorrieran el pasado sábado varias ciudades de España, este jueves tendrá lugar la marcha en València -pospuesta por las Fallas- para exigir pensiones dignas y su revalorización conforme a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC).
La movilización, que discurrirá desde la plaza del Ayuntamiento a las 11 horas, está convocada por diversas organizaciones y colectivos sociales: los sindicatos CCOO y UGT, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones Públicas (MERP) o la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, con el apoyo de otras organizaciones como la CGT.
Todas las organizaciones convocantes han llamado a participar en estos actos de protesta, que dan continuidad a las manifestaciones que se celebraron el pasado 22 de febrero y que tuvieron su máxima expresión en Madrid, donde los jubilados y pensionistas que salieron a la calle llegaron a cortar el tráfico frente a las puertas del Congreso de los Diputados.
Los sindicatos CCOO y UGT, convocantes de muchos de los actos, se quejan de que el Gobierno «empobrezca» a los pensionistas, con una subida «de mierda» del 0,25%, muy inferior a lo que están aumentando los precios y al ritmo de crecimiento de la economía española.
«Es necesario exigir un modelo público de pensiones eficaz, eficiente y viable, algo que es incompatible con la reforma que el Partido Popular aprobó en solitario en 2013, con un índice de revalorización y un factor de sostenibilidad que llevan implícitos el recorte de las pensiones a corto y medio plazo», han advertido los sindicatos, que continuarán con las protestas hasta que el Gobierno atienda sus reivindicaciones.
La mayor parte de los convocantes de los actos se muestran a favor de derogar la reforma de 2013, aumentar el poder adquisitivo de los pensionistas y garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo.
Las manifestaciones, en las que también han animado a participar las organizaciones de autónomos UPTA y Uatae y el sindicato de funcionarios CSIF, se celebrarán apenas unos días después de la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso para realizar un debate monográfico sobre las pensiones.
En su intervención, Rajoy lanzó varios mensajes: subirá las pensiones mínimas y de viudedad si salen adelante los Presupuestos de 2018; no dará marcha atrás a las reformas realizadas en los últimos años, y no actualizará las pensiones en función del IPC porque esta fórmula ya no es adecuada y apenas subsiste en algún país europeo.
Rajoy no cuantificó la subida de las pensiones mínimas, pero miembros de su Gobierno han asegurado que será una subida importante. En cuanto a la viudedad, el Gobierno tiene diseñado un Real Decreto en el que se contempla la subida de la base reguladora de las pensiones de viudedad de mayores de 65 años con menores ingresos desde el 52% al 60% en dos años.
Con esta medida se desarrollaría la disposición adicional trigésima de la reforma de pensiones de 2011, disposición cuyo cumplimiento se fue aplazando sucesivamente a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En dicha disposición se decía que el Gobierno adoptaría las medidas reglamentarias oportunas para que la cuantía de la pensión de viudedad a favor de pensionistas con 65 o más años, que no perciban otra pensión pública, se elevara al 60% de la base reguladora, siempre que no percibieran ingresos por la realización de un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia ni tampoco rendimientos o rentas que, en cómputo anual, superen el límite de ingresos que esté establecido en cada momento para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad.
La decisión del Ejecutivo de retrasar el desarrollo de esta disposición fue consecuencia del déficit público existente en 2011 y la necesidad de reducirlo, según ha argumentado el Gobierno