El Alto Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió ayer un comunicado por el que insta al Estado a “tomar medidas para evitar posibles daños irreparables” a la familia formada por Alisa Mioara Oriveceanu, José Marín y sus tres hijos menores de edad, vecinos de Oliva, que este próximo viernes recibirán, por tercera vez, una orden de desalojo de la casa que ocupan ilegalmente desde hace año y medio. El comunicado señala que, mientras su caso está siendo examinado por dicho Comité, el Estado debe estudiar fórmulas como “suspender el desahucio de la vivienda que actualmente ocupan u otorgarles una vivienda alternativa adecuada”.
Es la primera vez que este alto comisionado ampara a una familia valenciana, gracias a la intervención de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de la Safor, que a través de los servicios jurídicos de la coordinadora estatal comunicó el caso a la ONU. Joan Cogollos, portavoz de la entidad, señala que “si con esta petición del Alto Comité no se paraliza el desalojo del viernes, nos concentraremos de nuevo en apoyo de la familia”.
Alisa, José y sus tres hijos de 10, 9 y tres años, ocupan desde hace año y medio una casa propiedad de Bankia que llevaba vacia algún tiempo. Entraron en ella, conscientes de que accedían ilegalmente, para no quedarse sin techo, pues su vivienda fue destruida en un incendio y no tienen ningún tipo de ingresos. La del viernes será la tercera notificación de lanzamiento que recibe la familia, tras las realizadas en junio de 2017 y en febrero de este año. En ambas ocasiones, el juzgado de Gandia que lleva el caso paralizó temporalmente el desalojo gracias a las gestiones de la PAH de la Safor.