«Primero nos educaron en la creencia de que tener empleo era suficiente para no caer en la pobreza. Hemos visto que no es así. De hecho, más del 30% de las personas pobres tiene trabajo. Después creímos que bastaba con ir a la universidad para poder tener una vida decente, y tampoco». La educación sigue siendo un colchón para evitar caer en el riesgo de pobreza, pero «la precariedad ha causado estragos», sostiene Llano, el autor del estudio. «No solo alcanza a trabajos menos cualificados, va subiendo de nivel y llego a grupos que se creían libres de esto», apunta.
En España, más de un millón de titulados universitarios están en riesgo de pobreza. Son 320.000 más que hace 10 años, según el estudio que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN) ha presentado este martes, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora mañana miércoles. La salida de la crisis ha redibujado el perfil de las personas pobres. La proporción de quienes se encuentran en estas circunstancias, tienen más de 16 años y un nivel de estudios medio o alto ha pasado del 30% de 2008 al 35,8% de 2017. Más de 2,7 millones de personas atraviesan esta situación, a pesar de haber superado el bachillerato, la formación profesional o de tener estudios superiores.
Estos titulados forman parte de los 10 millones de personas que estaban en riesgo de pobreza el año pasado en España, el 21,6% de la población. Si bien son unas 300.000 menos que en 2016, la tasa de pobreza está lejos de volver a los registros anteriores a la crisis. Ahora hay unas 900.000 personas más en riesgo de pobreza que en 2008. Se pasa a formar parte de este grupo cuando el hogar no llega al umbral de pobreza, fijado en el 60% de la mediana de renta del país por unidad de consumo.
«He pasado muchísimas noches sin dormir por la angustia», cuenta por teléfono Rosa, una madrileña de 52 años que prefiere no dar su nombre real. Es ingeniera de sistemas informáticos. Trabajó toda su vida en Estados Unidos, pero en 2006, tras la muerte de su padre, volvió a España para estar más cerca de su familia. Aquí estuvo empleada en un banco y en una multinacional, hasta que en 2016 la despidieron. Después, el abismo. «Eché más de 500 currículos. En estos dos años he ido tirando con el paro y el dinero de la indemnización, pero los ahorros se acabaron. En abril empecé a cobrar los 430 euros y tengo una hipoteca de 800», prosigue. Se inscribió en un programa de ayuda de búsqueda de empleo de Acción contra el Hambre. El mes pasado encontró trabajo. Sus condiciones han mejorado, pero sigue viviendo al límite. «Soy prácticamente mileurista», cuenta. «Estoy en un periodo de prueba. Quién sabe si volveré al paro», afirma. Su angustia aún no cesa.
Además de la tasa de pobreza, el informe de EAPN —que aglutina a ONG y entidades que luchan contra la pobreza, entre las que figuran, por ejemplo, Cáritas o Cruz Roja— mide otros dos indicadores: la baja intensidad del empleo en los hogares (que los mayores de 18 años en la unidad familiar no hayan trabajado más que un 20% de sus posibilidades en el último año) y la privación material severa (que tengan problemas en al menos cuatro de nueve indicadores, algunos de los cuales son poder permitirse mantener la vivienda a temperatura adecuada o la ingesta de proteínas al menos cada dos días). Estas tres variables se utilizan para calcular la tasa AROPE (At Risk of Poverty and Exclusion, por sus siglas en inglés). Teniendo en cuenta estos tres elementos, aún más personas atraviesan circunstancias de vulnerabilidad. El 26,6% de la población se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2017, es decir, 12,4 millones de personas. Si bien la cifra mejora los casi 13 millones del año anterior, sigue estando por encima de los alrededor de 11 millones de personas que estaban en esta situación en 2008.